“Is that to say we are against Free Trade? No, we are for Free Trade, because by Free Trade all economical laws, with their most astounding contradictions, will act upon a larger scale, upon the territory of the whole earth; and because from the uniting of all these contradictions in a single group, where they will stand face to face, will result the struggle which will itself eventuate in the emancipation of the proletariat.”
Karl Heinrich Marx · Marx-Engels Collected Works, Vol. VI, p. 290
(North, 1990, pág. 107) señala que las instituciones son “(…) son el determinante subyacente del desempeño a largo plazo de las economías.”
Por consiguiente, (North, 1990, pág. 107) plantea que una teoría dinámica de cambio de la sociedad debe partir de un modelo de cambio institucional. Sin embargo, en el mismo lugar el autor referido reconoce que las instituciones son un constructo social[1] (y como tal, depende de las ideas de la sociedad), por lo que un modelo de dinámica de cambio social no puede partir de las instituciones, sino que debe partir de la base de la sociedad o estaría construyendo un modelo superficial por cuanto la misma base de partida no sería tal en tanto está sujeta a los cambios de otra cosa. ¿Qué condiciona las ideas del conjunto social en un determinado momento histórico? Indudablemente el tipo de economía imperante en ese momento. Puesto que (Ricardo, 2001, pág. 5) señaló que la economía era la ciencia de la distribución del ingreso y (George, 2003, pág. 68) generalizó esto señalando que era “(…) la ciencia que trata de la naturaleza de la riqueza y leyes de su producción y distribución”, una alternativa para construir un modelo dinámico de cambio social coherente con el hecho de que las instituciones son constructos sociales (y que estos constructos son diferentes en cada etapa histórica del desarrollo económico de la humanidad) es decir que, partiendo (como lo hizo Marx) del hecho que la economía es la ciencia que versa sobre las relaciones existentes entre distintos grupos sociales[2] (que son clases sociales en el contexto de que sus intereses económicos y políticos sean antagónicos) al interior del proceso de producción (siendo el proceso de circulación y de distribución derivados del proceso de producción y determinados en última instancia por este), tales modelos partan no de las instituciones sino de las relaciones sociales antes descritas.
B. DEFICIENCIAS TEÓRICAS DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA EN SU ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES SEÑALADAS DESDE EL INTERIOR DE ESTA ESCUELA
(North, 1990, pág. 107) señala que los cambios que deben hacerse en la teoría neoclásica para incorporar el análisis institucional en ella son:
B1. Incorporar el postulado de racionalidad procesal[3].
El postulado de racionalidad instrumental neoclásico supone que los actores tienen la información necesaria para evaluar correctamente las alternativas y tomar decisiones para lograr sus fines, lo que implica la existencia de un conjunto concreto de instituciones e información (North, 1990, pág. 108). Puesto que, en opinión de North, los actores están imperfectamente informados y diseñan modelos subjetivos como guías para sus elecciones y sólo pueden corregir sus modelos guía de manera muy imperfecta con retroalimentación de información, el postulado de racionalidad procesal se vuelve esencial. Esto está más alineado con la teoría neoclásica de las expectativas adaptativas que con las expectativas racionales[4].
(Thaler, 1979, págs. 57-59), ganador del premio conmemorativo en 2017 por esta investigación, señala que el consumidor promedio (por diversas razones) toma decisiones irracionales. Esto es consistente con lo planteado por North en el sentido de que los consumidores, al menos en general, no toman las decisiones óptimas, aunque difiere en los motivos[5]. Sin embargo, estas diferencias pueden ser perfectamente conciliadas: los individuos promedio toman decisiones irracionales producto de información incompleta, insuficiencia de tiempo dedicado a la toma de decisiones y corrección imperfecta. Por consiguiente, es cierto lo que señala North respecto al papel esencial que desempeñan las instituciones para orientar al individuo buscando completar y perfeccionar su información, mitigando mediante acciones de política pública (por ejemplo, educación financiera) las fallas de racionalidad resultantes de la falta de tiempo de análisis que caracteriza al promedio de los miembros de la sociedad, derivando de ello que los individuos tomen consciencia de sus propios intereses (y no crean que sus intereses son los de otros u otros, que en la práctica sean antagónicos a los suyos[6]), puedan tomar las mejores decisiones para maximizar sus ganancias en función de sus intereses y con ello estimular la competitividad y, así, la dinámica económica y de cambio social en general.
Que el planteamiento de North sea válido no entra en conflicto con que la base de partida de su modelo dinámico de cambio social no lo sea, sino que un mejor modelo dinámico de cambio social permitirá mejores diagnósticos sobre la irracionalidad en la toma de decisiones del consumidor promedio y, con ello, también viabilizará políticas públicas eficientes (emanadas desde las instituciones) para contrarrestar el problema.
B2. (North, 1990, pág. 107) plantea lo siguiente como esbozo de las implicaciones de las instituciones para el análisis estático del desempeño económico:
B2.1. “Los modelos económicos (y políticos) son específicos de constelaciones particulares de restricciones institucionales que varían radicalmente tanto a lo largo del tiempo como transversalmente en diferentes economías.” (North, 1990, pág. 110). Esto implica que la teoría neoclásica debe incorporar en sus análisis una visión histórico-social de los procesos económicos, porque sólo esta clase de visión permite tomar en consideración particularidades institucionales y económicas en el tiempo.
B2.2. “Una incorporación consciente de las instituciones obligará a los científicos sociales en general, y a los economistas en particular, a cuestionar los modelos de comportamiento que subyacen en sus disciplinas y, en consecuencia, a explorar mucho más sistemáticamente de lo que se ha hecho hasta ahora las implicaciones del costo e imperfecto procesamiento de la información para el consecuente comportamiento de los actores.” (North, 1990, pág. 111). Sobre esto debe señalarse, como el mismo autor reconoce (p. 107) que existen otras teorías (North señala a la teoría marxista) que sí poseen modelos de cambio dinámico de la sociedad que considera el rol de las instituciones. Sin embargo, North descarta otras opciones aludiendo a que son bastante imperfectas, sin fundamentar científicamente por qué[7].
B2.3. “Las ideas y las ideologías importan, y las instituciones juegan un papel importante en determinar cuánto importan. Las ideas y las ideologías dan forma a las construcciones mentales subjetivas que las personas utilizan para interpretar el mundo que los rodea y tomar decisiones. Además, al estructurar la interacción de los seres humanos de ciertas maneras, las instituciones formales afectan el precio que pagamos por nuestras acciones, y en la medida en que las instituciones formales se estructuran deliberada o accidentadamente para reducir el precio de actuar de acuerdo con las ideas de uno, proporcionan libertad de los individuos para incorporar sus ideas e ideologías en las decisiones que toman. Una consecuencia clave de las instituciones formales son los mecanismos, como los sistemas de votación en las democracias o las estructuras organizativas en las jerarquías, que permiten a los individuos que son agentes expresar sus propios puntos de cista y tener un impacto muy diferente en los resultados que aquellos implicados en el modelo simple de grupos de interés que ha caracterizado gran parte de la teoría económica y de elección pública.” (North, 1990, pág. 111).
B3. Finalmente, (North, 1990, pág. 107) explora las implicaciones del análisis institucional para la construcción de una teoría dinámica del cambio económico a largo plazo planteando que:
“Integrar el análisis institucional en la teoría neoclásica estática implica modificar el cuerpo teórico existente. Pero idear un modelo de cambio económico requiere la construcción de un marco teórico completo, porque tal modelo no existe. La dependencia de la trayectoria es la clave para una comprensión analítica del cambio económico a largo plazo. La promesa de este enfoque es que extiende los bloques de construcción más constructivos de la teoría neoclásica, tanto el postulado de escasez/competencia como los incentivos como fuerza impulsora, pero modifica esa teoría al incorporar información incompleta y modelos subjetivos de la realidad y los rendimientos crecientes característicos de las instituciones. El resultado es un enfoque que ofrece la promesa de conectar la actividad económica a nivel micro con los incentivos a nivel macro proporcionados por el marco institucional. La fuente del cambio incremental son las ganancias que obtienen las instituciones y sus empresarios al adquirir habilidades, conocimientos e información que mejorarán sus objetivos. La dependencia del camino proviene de los mecanismos de rendimientos crecientes que refuerzan la dirección una vez establecido en un camino.” (North, 1990, pág. 112).
Como lo reconoce el mismo Samuelson, la teoría neoclásica no es una teoría compatible con los requerimientos de un modelo científico sobre la realidad económica observable (que requiere ciertas consideraciones apriorísticas) y, como lo indican Thaler y el mismo North, tampoco con la dinámica económica observable. Por tanto, la construcción de un análisis institucional desde la ciencia económica debe hacerse desde enfoques alternativos que muestren verdadera solidez científica, debido a que los modernos modelos neoclásicos siguen sin solventar las críticas realizadas por la escuela postkeynesiana y usarlos para el análisis económico es equivalente a usar la gravedad de Newton para analizar las relaciones de los cuerpos celestes en lugar de la gravedad relativista planteada por Einstein, es decir, es equivalente a no reconocer los hechos científicamente demostrados.
La teoría marxista, como teoría económica que también es teoría política, sociológica e histórica, es una teoría adecuada para dar cuenta del papel de las instituciones y su rol en la lucha de clases y el desempeño económico.
[1] “No podemos ver, sentir, tocar o incluso medir las instituciones; son construcciones de la mente humana.” (North, 1990, pág. 107).
[2] Diferentes grupos implican diferentes tipos de participación en el ingreso y, por lo tanto, la distribución.
[3] El postulado de la racionalidad procedimental es un concepto desarrollado por el economista Douglass North, ganador del premio conmemorativo a Alfred Nobel. Establece que los individuos y las organizaciones toman decisiones basadas en reglas y procedimientos, en lugar de prejuicios personales y preferencias subjetivas. El postulado afirma que los individuos y las organizaciones están motivados por el deseo de maximizar su propio interés y persiguen sus objetivos siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos acordados que guían su comportamiento. Esta visión de la toma de decisiones destaca la importancia de las instituciones y el papel que desempeñan en la configuración del comportamiento individual y la promoción de la eficiencia económica. Véase el capítulo 3 de la obra de North que se está estudiando.
[4] El modelo de expectativas racionales describe un agente optimizador que no se equivoca sistemáticamente, es decir, sus predicciones (distribución subjetiva de probabilidades) tienden a coincidir con las predicciones de la teoría económica (distribución objetiva de probabilidades); los agentes buscan maximizar una función objetivo a partir de la formalización de un “juego” (en el sentido de la teoría de juegos) en donde el cambio en las reglas de este lleva a modificar la estrategia óptima. Por su parte, el modelo de expectativas adaptativas establece que la predicción de la variable económica de interés en el período presente es calculada por el agente económico como el promedio ponderado (por β, mayor que cero y menor que uno, que es la fracción de su error anterior de predicción anterior que corrige dicho agente) entre el valor efectivo de la variable en el período anterior y su valor estimado. Según esta teoría, bastaría que se produjera un cambio inesperado en la política para que la regla de proyección basada en la información histórica de la variable quede obsoleta. Así, un comportamiento de la variable con una tendencia sistemáticamente al alza o a la baja llevará a que los agentes comentan errores de predicción persistentes.
Este método de generar proyecciones ignora la teoría económica relevante para explicar la variable a estimar. También asume que el agente económico se equivoca repetitivamente.
[5] North parte de información incompleta, modelos subjetivos y corrección imperfecta de estos modelos, mientras que Thaler parte de insuficiente tiempo dedicado a analizar la decisión.
[6] Este fenómeno social, político y económico es el que define Marx como alienación.
[7] La Controversia del Capital de Cambridge demostró matemáticamente que los precios de los factores no están unívocamente determinados por su escasez y que tales precios no son independientes de la distribución del ingreso (Nitzan & Bichler, 2009, pág. 78), lo que ocasiona que una misma intensidad relativa del capital (la razón entre la cantidad de capital utilizada y la cantidad de trabajo utilizada en un proceso productivo dada una técnica de producción) puede expresar diferentes tasas de ganancia (fenómeno conocido en el debate como “recambio de capital” o “capital reswitching”, lo que invalida la afirmación neoclásica de que a mayor tasa de ganancia menor intensidad de capital) y que una firma capitalista que adquiere un nivel tecnológico superior puede adoptar uno inferior hasta (n-1) veces si la tasa de ganancia baja (fenómeno conocido como “reversión de capital” o “capital reversing”) (Nitzan & Bichler, 2009, pág. 79), donde n es el número de mercancías base (las mercancías que contribuyen a la determinación de todos los precios, así como también de la tasa salarial y de la tasa de ganancia) (Jiménez, 2011, págs. 213-215), (Pasinetti, 1984, págs. 128, 134, 221). Así, se desvanece en el aire la visión lineal que la escuela neoclásica posee de la economía (matemáticamente hablando, el problema de los postulados fundamentales neoclásicos es que parten del establecimiento de una relación lineal entre la tasa salarial y la tasa de ganancia), lo que reconoce el mismo Samuelson cuando señala que “No existe forma inequívoca de caracterizar diferentes procesos como más “intensivos en capital”, más “mecanizados”, más “indirectos”, excepto en el sentido tautológico ex post de haber sido adoptados a una tasa de interés baja e involucrando un salario real alto. Este tipo de tautología ha mostrado, en el caso del reswitching, que lleva a una clasificación inconsistente entre pares de tecnologías constantes, dependiendo de cuál tasa de interés prevalecerá en el mercado. Si todo esto causa dolores de cabeza a los nostálgicos de las viejas parábolas de la teoría neoclásica, deberemos recordarles que los académicos no han nacido para llevar una existencia fácil. Debemos respetar y valorar los hechos de la vida.” (Samuelson, 1966, págs. 582-583).
“Pero la acumulación de capital presupone plusvalía; la plusvalía presupone la producción capitalista; la producción capitalista presupone la preexistencia de masas considerables de capital y de fuerza de trabajo en manos de los productores de mercancías. Todo el movimiento, por tanto, parece girar en un círculo vicioso, del que sólo podemos salir suponiendo una acumulación primitiva (la acumulación previa de Adam Smith) que precede a la acumulación capitalista; una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida (…) La llamada acumulación primitiva, por lo tanto, no es más que el proceso histórico de divorciarse del productor de los medios de producción. Aparece como primitivo, porque forma la etapa prehistórica del capital y del modo de producción que le corresponde.”
Andre Gunder Frank. World Accumulation, 1492-1789. 7. Conclusions: On So-called Primitive Accumulation, 7.4. On Unending Class Struggle in Accumulation, p. 267-271.
El proceso desigual y desnivelado de acumulación fue a la vez causa (en un primer momento) y consecuencia (posteriormente como proceso retroalimentativo) de la creciente diferenciación de las fuerzas y relaciones productivas, y éstas de las diferencias en la composición e intereses de clase. Por ejemplo (…) variaciones relativamente menores en las circunstancias productivas y sociales entre Europa oriental y occidental a finales de la Edad Media permitieron, no obstante, durante la expansión económica del siglo XVI, el declive de la servidumbre y el desarrollo de las manufacturas en Europa en algunas partes de Occidente, mientras generaba o reforzaba una clase de terratenientes en Oriente cuyos intereses se oponían a un desarrollo similar y estaban ligados en cambio a la producción de productos básicos para la exportación. Para la producción de éstos, en ausencia de suficiente oposición urbana, forzaron con éxito al campesinado a una segunda servidumbre. La división del trabajo generó el desarrollo de clases poderosas de empresarios y funcionarios productivos, comerciales, políticos y militares (la distinción a menudo era difícil de hacer) cuyos intereses económicos inmediatos estaban ligados a la producción y el comercio con Europa a expensas de las masas de la población local y, en consecuencia, estas regiones no experimentaron ningún desarrollo autónomo y sufrieron el desarrollo del subdesarrollo de la misma manera que Asia y otras partes de África más tarde. Menos claro es cómo y por qué estos intereses metropolitanos y locales lograron imponerse a sí mismos y su orden económico, social y político con tanto éxito, a pesar de la oposición frecuente, si no constante, de los sectores oprimidos y explotados de la población (su oposición pasiva, activa y violenta, con algunas excepciones, no ha sido registrada en gran medida por los grupos gobernantes que han escrito la historia). En Europa misma, el proceso de diferenciación y generación de intereses en conflicto estuvo, por supuesto, lejos de ser uniforme y contribuyó a una agitada historia de conflictos internos y externos.
Como observó Marx, la fuerza y la violencia fueron las comadronas de todo el proceso de acumulación originaria de capital. Gran parte de esta fuerza y violencia fue organizada e institucionalizada por el Estado, cuya principal razón de ser ha sido y sigue siendo el subsidio asociado de una clase social y sector a expensas de otro. Aunque quizás todavía insuficientemente estudiado, la importancia del Estado en el sistema colonial, tanto en la patria como en la colonia, y en el sistema mercantil asociado y las guerras comerciales es intuitivamente evidente. Pero, como Adam Smith, si no todos los que lo reconocen como el padre de su disciplina, lo enfatizaron y Marx volvió a reiterarlo, el surgimiento y la acción del Estado jugaron un papel igualmente esencial en el desarrollo del capitalismo “doméstico” o “nacional” imponiendo la separación de los productores de sus medios de producción y la provisión de una fuerza de trabajo capaz de producir plusvalor, por no decir extra, plusvalía, o mediante la provisión de leyes y medidas que faciliten la realización de plusvalía por el capital. El desarrollo del Estado, y particularmente del Estado absolutista en el siglo XVII, no tuvo lugar hasta que fracasaron los intentos de construir un imperio, especialmente de los Habsburgo (…) Pero en la medida en que este sea el caso, también se puede sugerir (aunque Wallerstein dice que era intrínsecamente imposible) que el fracaso del imperio mismo fue en parte ocasionado inmediatamente por el fin de la expansión económica. Del mismo modo, se puede sugerir que el surgimiento del Estado fuerte con una soberanía nacional más limitada fue el resultado de la depresión económica en el siglo XVII, y en Francia ya en parte del siglo XVI. Esto impuso el atrincheramiento económico y exacerbó el conflicto económico, social y político dentro de las regiones vecinas y los grupos socioeconómicos al mismo tiempo que los convirtió en rivales por oportunidades más limitadas de aquellos en otras naciones en formación. Luis XIV y Colbert, por un lado, y Cromwell y el Parlamento Largo, por el otro, representaron los resultados de la depresión del siglo XVII, aunque no representaron las únicas soluciones posibles. Las políticas “nacionalistas” de sus estados fueron la respuesta, en tiempos de dificultades económicas, de compromiso y arbitraje entre grupos de interés económicos en pugna y la conversión de los intereses del ganador en política estatal y nacional. Esto fue más claramente visible en las alianzas internacionales cada vez más motivadas comercialmente y en las guerras anglo-neerlandesas, anglo-francesas e hispánicas de los siglos XVII y XVIII. Los capítulos 2 y 3 (relativos a la depresión del siglo XVII y la economía política del ciclo de expansión y rivalidad, respectivamente) distinguen entre estas entre guerras “ofensivas”, o campañas militares y diplomacia internacional durante o inmediatamente después de períodos de auge económico, y guerras “defensivas”, durante períodos de recesión económica y depresión. El lugar de las guerras “religiosas” y de sucesión dinástica, así como de todas las guerras, en el proceso mundial de acumulación de capital necesita, por supuesto, necesita mucho más estudio.
La relación del conflicto ideológico y religioso con el proceso de acumulación de capital, y con su incidencia y ritmo desiguales, también requiere un estudio más sistemático. En el contexto del materialismo histórico, el argumento de R. H. Tawney en Religion and the Rise of Capitalism (1947) de que las condiciones de este último proporcionan el contexto del primero, es más persuasivo que el de Weber en The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1958) de que el primero genera el segundo. He argumentado (1974, 1978) cuán insatisfactoria es esta tesis de Weber en contraste con el análisis de las relaciones de producción e intercambio en el proceso de acumulación de capital. Así, si judíos y protestantes estuvieron en Europa asociados a la expansión económica (aunque no por razones de su “ética”), su expulsión aquí y allá, y la Contrarreforma en uno u otro principado, parecería haber estado inmediatamente relacionada con la contracción económica y/o dominio renovado de los intereses territoriales y/o contracción económica[1]. Que la rebelión y la revolución están relacionadas con alteraciones en la composición de clase que surgen de cambios en las fuerzas y relaciones de producción, y en particular que a menudo son desencadenadas por crisis económicas, está ampliamente documentado, pero no analizado sistemáticamente en el contexto del proceso de acumulación como un todo. Las revoluciones inglesa, francesa y estadounidense de los siglos XVII y XVIII, analizadas en los capítulos 2 y 5 (relativos a la depresión del siglo XVII y a la depresión y revolución del período 1762-1789, respectivamente), sin mencionar las revoluciones y contrarrevoluciones posteriores y contemporáneas, están relacionadas con tales crisis económicas y políticas.
Observar y argumentar que estos eventos políticos e ideológicos superestructurales no son arbitraria o simplemente autodeterminados, sino que durante siglos han sido partes determinadas de la incidencia y el ritmo desiguales del proceso de acumulación de capital, y esto, además, no solo a escala local o nacional sino a escala mundial, no niega que a su vez ejerzan influencias cualitativamente cruciales y de largo alcance sobre este proceso de acumulación y su “infraestructura”. Por ello, el argumento central al respecto es que los movimientos políticos e ideológicos, así como los culturales y científicos, son decisivos para el proceso económico[2]. Una de mis hipótesis al respecto (presentada en los capítulos 2 y 5) es que la incidencia de grandes invenciones científicas y técnicas, así como de “revolución” filosófica y artística, es coincidente y generada o acelerada por la crisis economía (y por ello, también crisis política). Tal vez el avance científico y cultural gradual acumulativo sea alimentado y logrado durante los períodos de expansión económica, a cuya continuación también pueden ayudar a contribuir. Pero mi hipótesis es que las “revoluciones kuhnianas[3]” en los paradigmas científicos, filosóficos o culturales surgen directa o indirectamente de la crisis económica en la que “la necesidad es la madre de la invención”. En los capítulos 2 y 5 sugiero que la revolución científica del siglo XVII asociada con Galileo, Leibniz, Descartes y otros y la revolución tecnológica de finales del siglo XVIII asociada con Watt, Arkwright, Ely y otros fueron en parte crisis económicas generadas por intentos en la reducción de los costos de producción y la expansión de las fronteras económicas bajo limitaciones económicas.
Aunque hay alguna evidencia de investigación tecnológica patrocinada y financiada por el Estado y otras instituciones (y el establecimiento de sociedades e institutos científicos) asociada con la crisis del siglo XVII, el hecho de que muchos de los principales avances científicos y tecnológicos en ese entonces y desde entonces provinieran de “outsiders” extra- institucionales (Einzelgänger, autodidacta) parecerían dar aún más plausibilidad a mi hipótesis ya que son ellos los que están particularmente convulsionados por la agitación de los tiempos, y por eso son outsiders.
Mi hipótesis es que la crisis económica también se vuelve indirectamente efectiva a través de la crisis política que engendra y este efecto es particularmente fuerte en aquellos individuos (también solitarios o rebeldes) que sugieren los avances revolucionarios en la filosofía y las artes, así como en las ciencias. La mayor parte del Renacimiento coincidió con la crisis o crisis de los siglos XIV y XV, y muchas de sus figuras más importantes se movieron políticamente por ello (aunque el “Alto Renacimiento” en Italia coincidió con lo que aparentemente ya era un período de auge económico). Pero muchas de las principales figuras de la renovación filosófica y artística del siglo XVII y de la Ilustración de finales del siglo XVIII trabajaron y ganaron aceptación en tiempos de crisis económica y política. De manera similar, puede decirse que las “revoluciones” científicas, filosóficas y culturales de los siglos XIX y XX ocurrieron durante períodos de crisis económicas y políticas particulares, o que fueron generadas por ellos, y por la mediación de mentes particularmente agitadas por estas crisis. El trabajo de tales mentes, a su vez, ha tenido una influencia de largo alcance en el curso de la historia humana y en el proceso de acumulación de capital posterior. Hasta cierto punto, incluso la interpretación y escritura “revolucionaria” de la historia ha tenido y puede tener alguna influencia en el curso de la historia misma.
[1] Un argumento relacionado se encuentra en la obra de Wallerstein The Modern World-System. Vol. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (1974).
[2] Entendiendo esto como una retroalimentación de lo económico para sí (usando la terminología hegeliana), puesto que lo superestructural es un reflejo de lo económico, aunque no un reflejo pasivo.
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Más allá de la interesante curiosidad de que alguien que no considera válido el teorema fundamental de la economía política marxista (la ley de la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia) acuda a los fundamentos del Marxismo para refutar la idea de la existencia del poder de monopolio, un error gnoseológico fundamental que exhibe el artículo en cuestión es olvidar, como a menudo los economistas “marxistas” lo hacen, de que si bien la inflación tiene su fundamento último en el sector real, no es menos cierto que el poder económico que les procura a los grandes capitalistas su dominancia en el sector real se transmite al sector financiero por cuanto estos sectores están íntimamente vinculados (con dominancia, en última instancia, del sector real sobre el sector financiero -y los cracks bursátiles son, precisamente, el mecanismo mediante el cual los sistemas de economía política corrigen la violación al postulado anterior-), así como tampoco es menos cierto que la ciencia en cuestión no se llama economía (ni siquiera los amos y amas de casa hacemos economía, porque siempre hay relaciones de poder, en una sociedad de clases, inherentes a todo fenómeno de distribución del ingreso -probablemente en las tribus del Amazonía es diferente-), sino economía política y en tal sentido posee la implicación de relaciones de poder, de relaciones de dominantes y dominados que expresan una determinada estructura de clases que se corresponde a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, relaciones de poder que son también técnicas, puesto que lo político es un fenómeno exclusivo de las sociedades humanas y, por consiguiente, un fenómeno de estudio de las ciencias sociales, y como tal posee inherentemente una explicación científica, íntimamente ligada a la de los fenómenos económicos, de ahí que la ciencia se llame, insisto, economía política.
El mismo articulista, en otro artículo, ha planteado la interesante hipótesis de que la inflación ocurre para que las innovaciones tecnológicas repercutan en la tasa media de ganancia, es decir, para que se materialice la plusvalía relativa. Más allá de que la hipótesis en cuestión sea planteada en un escenario de valores y no de precios de producción, además del hecho de que Rosdolsky ha señalado (fundamentalmente en el apartado relativo a los salarios reales dentro de su estudio de los Grundrisse) que la caída de los salarios reales no es una tendencia generalizada a escala planetaria (o alza, en el caso que la innovación no provenga de las ramas productivas que producen mercancías que componen la canasta salarial, al menos durante el período de rezago de la transmisión de la innovación a las ramas productivas que componen la canasta en cuestión), es razonable esperar que el escenario de precios de producción simplemente complejice y/o complique el mecanismo mediante el cual la relación entre la plusvalía relativa y la inflación se expresa, así como también que se pueda justificar que en los países desarrollados los salarios reales no caigan en términos del mecanismo mediante el cual ocurre un proceso de nivelación tendencial a nivel mundial de los salarios (en la primera página del capítulo VIII del tomo III de El Capital, en la antesala a su planteamiento sobre el surgimiento de los precios de producción -capítulo IX de la misma fuente antes referida-), específicamente explicando que en los grandes centros industriales los salarios reales no decaen porque las ganancias de los capitalistas de estos centros, mermadas por tal efecto, son compensadas por las ganancias que estos mismos capitalistas obtienen de sus inversiones en los países de la perisferia (perisferias de tales centros). Sin embargo, lo curioso del planteamiento del articulista es que en tal artículo se dice explícitamente que para que esto ocurra los bancos centrales deben garantizar un determinado nivel de inflación (y se hace alusión a la “regla de Taylor” que siguen muchos bancos centrales -con independencia que no es el único régimen monetario existente en los países capitalistas y que los planteamientos en cuestión deberán ser generalizados considerando esos otros regímenes monetarios-). Más allá que el articulista no explica los criterios técnicos bajo los cuales los bancos centrales fijan determinada tasa de inflación a la luz de su hipótesis de la innovación tecnológica como causa fundamental de la inflación (lo cual es fundamental para que la hipótesis se sostenga), cualquier persona que tenga conocimiento práctico y objetivo de cómo se trabaja al interior de los bancos centrales (a nivel de los economistas jefe, gerencia, presidencia y junta directiva) sabe que muchas políticas monetarias se toman en tales instituciones bajo el único criterio de procurarles mayores ganancias a los grandes capitalistas (por ejemplo, las devaluaciones cambiarias que ocurren en muchos países -como parte de una política cambiaria- en determinados momentos del año, como en el caso particular del escenario en que ocurre una depreciación del dólar estadounidense, los bancos privados en determinados países tienen sus posiciones dolarizadas y el banco central devalúa la moneda nacional para que las ganancias de los bancos privados no se vean afectadas -y en muchos casos aumenten-), sin que existan de por medio, ni siquiera por asomo, el riesgo de que por no realizarse tal política monetaria las condiciones de reproducción del proceso de acumulación de capital se rompan y la economía pueda entrar en crisis, o que en ausencia de tales políticas monetarias los inversionitas decidiecen abandonar el país, etc., es decir, sin que exista ningún fundamento técnico-económico de por medio, aunque sí un fundamento técnico-político. Insistimos, por ello se llama economía política y no meramente economía. Esto no significa que la hipótesis planteada por el articulista citado sobre la naturaleza tecnológica (y, por consiguiente, real) de la inflación no pueda ser el elemento central (de hecho, el elemento central de la inflación es una cuestión técnica-económica proveniente del sector real, sea a través de la hipótesis citada o de otra hipótesis de la misma naturaleza), sino que no es lo único que constituye el fenómeno en cuestión, por el contrario, tal fenómeno tiene dos aristas, ambas totalmente materiales y objetivas (en donde la política está supeditada a la económica por cuanto las relaciones de clase existen en cuanto al interior del proceso de producción existe una distinta vinculación con los medios de producción por parte de dos sectores de la sociedad humana), ambas regidas por criterios científico-técnicos.
Esto me recuerda a aquella célebre frase de Lenin, citada por Rosdolsky, que describía cómo los “marxistas”, a causa de no leer a Hegel, seguían (para aquella época) sin entender a Marx, cuestión que sigue siendo válida para los “marxistas” de hoy en día (e incluso de los anteriores a Lenin, célebre es también la frase de Marx de “Si estos son marxistas, yo no soy marxista”), especialmente para los economistas. La lógica dialéctica-materialista no es una lógica dicotómica, es decir, no es del tipo “o es una relación regulada rigurosamente por un criterio técnico-económico o es subjetivismo”, por cuanto la base económica y la superestructura ideológica están íntimamente ligadas (supeditándose la superestructura, en última instancia, a la base), tanto como lo está lo económico a lo político, puesto que un sistema económico de clases (de economía política) no puede subsistir sin una dictadura, es decir, sin que una clase A (la dominante) imponga a otra clase B (la dominada) sus intereses (intereses que son antagónicos entre sí) con independencia del medio usado para ello, porque aunque la independencia antes expresada exista, lo ideológico (expresado como alienación, concepto teórico que Marx desarrolla en los Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844) es el elemento indispensable para garantizar la existencia fáctica de la dictadura (en dictaduras militares, es decir, en dictaduras formales, evidentemente lo ideológico juega un papel menos preponderante -no por ello deja de ser preponderante, porque al fin y al cabo la rebelión contra las dictaduras militares es, en la enorme mayoría de casos, contra la no-inclusión política, no contra la estructura distributiva y menos contra las relaciones sociales de producción-, mientras que en dictaduras fácticas -las democracias burguesas- lo ideológico cobra aún más relevancia), por lo que existe una retroalimentación entre la base económica y la superestructura ideológica, en cuanto la ideología sólo son las condiciones materiales de existencia (la existencia se define como lo que es, lo que no es, lo que será, lo que no será, lo probable, lo posible y lo lógico) de períodos de tiempo pasados cristalizadas en el presente, bajo determinada teleología (causa final, finalidad, que en sociedades de clase, para el caso de la ideología dominante -que es la ideología que en promedio permea la sociedad-, es la alienación), en la cabeza de los individuos. No por ello significa que la superestructura no esté sometida, en última instancia, a la base económica, así como existe una retroalimentación de la misma índole entre la fuerza de trabajo y los medios de producción (siendo estos últimos crisálidas en el tiempo de la primera) y no por ello Marx afirmó que el capital podía crear valor, sino todo lo contrario como es (o debería ser) ampliamente conocido. Que la propiedad privada, tal como Marx replicó a Proudhon, no sea un robo sino una necesidad histórica, no significa que no puedan operarse robos a través de ella (entendiendo estos como apropiaciones de trabajo ajeno que no obedecen rigurosamente a necesidades de acumulación -es decir, sin las cuales las condiciones de reproducción se romperían-, sino que obedecen a motivos subjetivos del capitalista, explicados estos a su vez de forma objetiva por la psicología que genera la categoría económica que los capitalistas personifican, que imprime en ellos la necesidad de ser voraces, codiciosos y ambiciosos; puesto que la ética es parte de la superestructura y esta ya se definió en términos objetivos, materiales y temporales, no existe contradicción entre esta afirmación y lo antes expuesto). ¿Acaso el violento, mugriento y sangriento proceso de acumulación originaria de capital descrito por Marx (que no sólo ocurrió en Europa, también en toda América Latina, aunque con una fenomenología parcialmente diferente) no requiere de un sistema ético en la cabeza de los individuos que la llevaron a cabo?, ¿o es que acaso un consecuente y devoto monge franciscano, o un pacifista, podrían haber llevado a cabo un genocidio de tal índole y magnitud? Roma no terminó de ser Roma por las lanzas que llevaban sus legiones, sino por las ideas que esas legiones, con esas lanzas, imponían en la cabeza de los pueblos que conquistaban, más no por ello es menos cierto que esas lanzas existían gracias a las condiciones materiales de existencia del Imperio mismo.
Para que no quede duda de la afirmación anterior, el mismo articulista, que no se ruboriza al hablar de dialéctica sin citar a Hegel, ha expresado abiertamente en su blog (específicamente en respuesta a comentarios que yo esgrimí en una de sus publicaciones), que la ley de la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia no es válida científicamente. Más allá que existen sobradas verificaciones empíricas de que esta tendencia es objetiva, verificaciones que no sólo provienen de escuelas marxistas que son antagónicas en su uso instrumental de las matemáticas (como la escuela temporalista y la escuela simultaneista, por ejemplo), sino también de macroeconometristas neoclásicos como Mankiw o Blanchard (este último fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que representa la ortodoxia financiera a nivel institucional supranacional), afirmar eso es precisamente ser lego en lógica dialéctica; muchos economistas buscan emplear una lógica sublime (que termina siendo muchas cosas, menos sublime), pero olvidan que la realidad existe y que hay que “contaminarse” de ella. Lo anterior es así por cuanto la sociedad comunista sin clases es la teleología histórica-social de la humanidad desde la perspectiva de Marx y, para que ello se verifique, debe existir un fundamento material y objetivo de la inviabilidad a largo plazo del modo de producción capitalista, es precisamente este fundamento la ley de la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia, ley que cualquier empresario que posea un cierto nivel mínimo de acumulación de capital y de elevada composición orgánica del mismo, comprende con total claridad. Esta ley, planteada por vez primera por Adam Smith (según el mismo Marx), no fue simplemente resultado observacional del comportamiento de los capitalistas en la época de Marx, tampoco fue simplemente el resultado de teorizar sobre los datos que Engels enviaba a Marx sobre la estructura y dinámica productiva de sus empréstitos fabriles (lo que puede ser verificado en la correspondencia entre ellos), tampoco fue una mera continuación de los postulados clásicos sobre dicha tendencia, es también el resultado lógico de la ingeniería inversa que Marx realiza al sistema hegeliano, por cuanto los valores (que en el sistema hegeliano son la esencia, esencia que Hegel retoma de Spinoza) son “diluidos” en un mecanismo (que Hegel crea sintetizando orgánicamente todos los sistemas filosóficos que le precedieron, especialmente el metafísico de Aristóteles, que es conciliado con los requerimientos instrumentales del sistema kantiano; para el caso del sistema económico capitalista es la competencia capitalista misma) en que la premisa se presenta depurada dialécticamente en el resultado (los precios de producción, para el caso del sistema económico capitalista). Establecido lo anterior (no sólo a nivel conceptual, sino a nivel de las estructuras matemáticas con que se representan), si la dinámica económica capitalista se estudia en presencia de perpetua innovación tecnológica (que es lo que ocurre en la realidad objetiva, por ejemplo, con el caso de los teléfonos inteligentes, por mostrar un ejemplo simple y cotidiano) es inexorable que la tasa media de ganancia del sistema caiga (capítulo XIII del tomo III de El Capital), aunque como también establecería Marx en los capítulos XIV y XV de la misma fuente citada, esta ley es contarrestada a causa del desarrollo de las contradicciones internas de los componentes integrantes. Los “marxistas” (a quienes es preciso, en términos gnoseológicos, mejor llamar neo-marxistas), no comprenden que el sistema de Marx, al igual que el sistema hegeliano, es “de una sola pieza” (indivisible, o conjunto conexo, como se conoce a ciertos sistemas de conjuntos en Matemáticas), puesto que la gran fortaleza del sistema de Marx es la unificación orgánica de la ontología (la doctrina del Ser), la lógica y la teoría del conocimiento, gnoseología o epistemología, de la misma forma en que en mecánica cuántica al hablar de “Momento” no se puede hablar del “Momento” de una de las fuerzas fundamentales de la Naturaleza, porque dentro de la integral a través de la cual se calcula dicho Momento, no es posible separar dentro de la función objetivo las fuerzas fundamentales a través de ella modelada, a diferencia de lo que ocurría en mecánica clásica en que sí es posible separar las fuerzas que actúan sobre un sistema físico (por ejemplo, una palanca). Esto expresa una ontología, una lógica y una gnoseología muy clara: que la Naturaleza es orgánica e indivisible a nivel de su esencia (entendiendo la esencia, al igual que Hegel, como el fundamento de la existencia), aunque por supuesto sea posible dividir las partículas que la componen a nivel local (y que incluso, como señaló Lenin en Materialismo y Empiriocriticismo, el potencial de esta división sea tendencialmente inagotable), puesto que si no fuese posible se incurriría en una visión leibniziana de la existencia, es decir, en una visión monista extrema. Se hace referencia a otro tipo de sistemas, porque cualquier persona que posee conocimientos básicos de dialéctica sabe que la misma es una metalógica multinivel recursiva hacia el pasado o, en términos más simples, que la verdad está en lo absoluto, en la totalidad.
Así, retomando lo relativo a las sociedades humanas, la teleología intra-histórica (a nivel de un modo de producción, en este caso el capitalista, que tiene como finalidad la acumulación, concentración y centralización de capital) se somete a la teleología inter-histórica, por cuanto el mismo proceso de acumulación de capital genera las condiciones para el derrumbe económico y político del capitalismo y el surgimiento, desde las mismas entrañas del capitalismo, de una nueva sociedad, de la sociedad comunista sin clases y con ello, como expresa Marx en el prólogo de Contribución a la Crítica de la Economía Política, se pondrá fin a la prehistoria de la humanidad y se dará comienzo a un nuevo ciclo de las sociedades humanas, superando el ciclo de las sociedades de clase (aunque este nuevo ciclo generado desde ellas, desde lo que se supera), generadas desde las sociedades sin clase (a causa de la precariedad tecnológica, lo cual se explica magistralmente en El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado). Un mundo mejor es posible y no sólo es posible, sino que también se gestará y la lucha de clases será su partera, no como un hecho histórico que emanará esencialmente de la conciencia de los individuos, sino de la necesidad histórica (objetivas y materiales) de la sociedad humana en general (como establece Engels, la violencia es la partera de la Historia, lo cual ocurre también en física fundamental, por ejemplo, con el papel que los agujeros negros supermasivos al fondo de la galaxia desempeñan en las órbitras de los cuerpos celestes y estas últimas en el surgimiento de la vida, así como también a nivel más abstracto con los operadores de aniquilación halmitonianos de partículas), como la premisa que se presenta en el resultado de forma depurada y que determina dicho resultado, como una necesidad histórica que se cristalizará en la conciencia de los seres humanos cuando exista el suficiente grado de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. En palabras de Marx, el monopolio feudal engendró la libre competencia capitalista, esta última engendró los monopolios capitalistas y, así, se establecen gradual y progresivamente (no sin retrocesos, puesto que la evolución dialéctica de la existencia en general y en particular ocurre a manera de espiral; Lenin señaló que concebir un desarrollo lineal, uniforme y sin retrocesos es antidialéctico, anticientífico y teóricamente falso) las condiciones para esa sociedad que dará luz, justicia y dignidad a los seres humanos, la sociedad de Rimbaud y Neruda, que hará que la poesía no haya cantado en vano.
Este, y otros capítulos antes subidos, pertenecen a un libro en proceso de construcción titulado “EL SISTEMA DIALÉCTICO-MATERIALISTA COMO PROGRAMA DE DEMARCACIÓN DE LAS CIENCIAS. CASO DE APLICACIÓN: LA DEFINICIÓN SUBJETIVA DEL VALOR DE LAS MERCANCÍAS COMO PRINCIPIO PSEUDOCIENTÍFICO“.
A raíz de las notas sobre la guerra en Ucrania me han preguntado por la diferencia, establecida por Lenin, entre colonia, semicolonia y país dependiente. Dedico esta entrada a esta cuestión, que está vinculada a la problemática de la llamada liberación nacional (lo he tratado también en Economía Política de la dependencia y el subdesarrollo, […]
Alejandro Valle Baeza Este 1 de diciembre AMLO hace una evaluación de sus tres primeros años. Él lo hará favorable desde luego. Hay ya un coro en contra: los consabidos: Reforma, El Universal, Nexos, etc. Hay nuevos críticos de AMLO. De entre ellos destaca Carmen Aristegui, dueña de la empresa Aristeguinoticias (AN) y periodista notable. […]
i. antecedentes históricos: feriado bancario y congelamiento de fondos como punto álgido de la crisis del modelo neoliberal ecuatoriano alrededor de 1998
El reemplazamiento monetario realizado en Ecuador hacia el dólar estadounidense es un caso de dolarización total, en el sentido antes definido en esta investigación. Como se puede verificar en (Roura, 2020), las razones técnicas argumentadas (con independencia de su correctitud o no), tanto por el gobierno ecuatoriano como por los intelectuales a favor del reemplazamiento en cuestión, para adoptar el dólar estadounidense cobraron sentido entre la población en un contexto alrededor del fenómeno económico conocido como feriado bancario (de cinco días de duración) y del congelamiento legal de cuentas bancarias durante un año (para prevenir retiros masivos y evitar una hiperinflación), que en conjunto fueron el período álgido de la peor crisis económica que Ecuador había vivido ese entonces, como señala (Hernández M. C., 2020). Así, se deben estudiar antes las razones que condujeron al feriado bancario del 8 de marzo de 1999 y al posterior congelamiento de cuentas.
Como señala (Basantes, 2020), el factor financiero fundamental, dentro de los factores de carácter financiero que conformaron parte del conjunto de condiciones necesarias y suficientes (que son tanto económicas como financieras) para el estallido de la crisis general ecuatoriana, se estableció en 1994, cuando durante el gobierno de Sixto Durán Ballén se aprobó la Ley General de Instituciones Financieras. La ley permitía los llamados “créditos vinculados” —préstamos bancarios a empresas, accionistas y administradores del banco que lo otorgaba. Con las nuevas medidas de Durán Ballén “los bancos abusaron de esta disminución de regulación y generaron todo ese abuso de los créditos vinculados”, dice el economista Diego Borja, quien es el especialista entrevistado por Basantes. Ello combinado con factores más profundos, de carácter económico, así como otra serie de factores complementarios de carácter exógeno, fue lo que permitió el estallido de la crisis general ecuatoriana en 1999. Precisamente es esto lo que se expondrá a continuación.
Tanto desde la perspectiva fiscal (Banco Central del Ecuador, 2021, pág. 1) como desde la perspectiva monetaria (Banco Central del Ecuador, 2020, pág. 1) las instituciones oficiales del Ecuador afirman que la razón fundamental que produjo el estallido (no debe confundirse estallido con génesis, puesto que lo primero sólo es la manifestación violenta de lo segundo) de la crisis económica ecuatoriana de 1999 obedeció a que durante 1997 y 1998 la presencia del fenómeno de El Niño afectó la producción nacional[1], especialmente la actividad agropecuaria de la costa ecuatoriana, la cual debió enfrentar serias dificultades debido a la destrucción de gran parte de la infraestructura productiva y de la red vial. Así, afirman que esto alteró el ciclo económico y agravó las tendencias negativas latentes en materia de evolución de la inflación, solvencia del sistema financiero y de la propia estabilidad macroeconómica, es decir, de las debilidades estructurales latentes del sistema económico ecuatoriano.
Los problemas agropecuarios exógenos fueron el detonante de la crisis, como bien señala el Banco Central del Ecuador (BCE, de ahora en adelante), al igual que la pandemia COVID-19 lo fue de la crisis económica planetaria existente en 2020-2021. Por supuesto, la crisis económica en sí misma no obedeció a los problemas agropecuarios, sino precisamente a la dinámica natural del sistema económico ecuatoriano, de ahí que el BCE hable de una “alteración del ciclo económico” (anticipando la recesión, en este caso) y, principalmente, de “tendencias negativas latentes en materia de evolución de inflación, solvencia del sistema financiero y de la propia estabilidad macroeconómica”. Tan claro como la luz en un día soleado.
Sin embargo, en relación a la situación del sector agropecuario ecuatoriano con antelación al fenómeno climático que dio inicio a su crisis (El Niño), es necesario dejar claras algunas cuestiones.
Ateniéndose únicamente a lo planteado por el BCE y la institucionalidad oficial, alguien podría pensar que el sector agropecuario no tenía ninguna precondición a la aparición de El Niño. Por supuesto, nada más alejado de la realidad.
Como se señala en (Bravo, 2008, págs. 7-8), diversos estudios muestran el uso de la ayuda alimentaria como un instrumento de la política exterior de Estados Unidos[2].
Ecuador recibió ayuda alimentaria como parte del programa de Alimentos para el Progreso, que provee commodities[3] como un reconocimiento a los países que habían llevado a cabo reformas económicas o agrícolas “de mercado”, i.e., neoliberales, pactadas a realizar entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno estadounidense en 1991, las cuales recogía el documento curiosamente titulado “Programa de Alimentos para el Progreso en Ecuador”.
¿A qué se comprometía el gobierno ecuatoriano en concreto? A la eliminación de aranceles para productos sensibles como maíz, arroz y soya; a cambios en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP); apoyo a dos fundaciones, en concreto al Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA) y a la Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FUNDAGRO) con la finalidad de que promoviesen el cambio de políticas económicas en el país. Las ONG nunca han estado y nunca estarán desvinculadas de la política y creer en su neutralidad puede resultar en sesgos sistemáticos no-óptimos en el análisis de los fenómenos sociales que las involucren de manera relevante.
Entrando en algunos detalles, se estableció la remoción de las licencias previas que restringen la libre importación y exportación de maíz, sorgo, soya, torta de soya y la eliminación del sistema de cuotas para la importación y exportación de aceites vegetales y sebos. A fin de dar un conveniente amparo a la producción local, el Gobierno del país importador, podrá considerar mantener algunas tarifas arancelarias (entre el 15 y el 25% ad valorem), distinguiéndose entre la materia prima y los productos elaborados de origen nacional. En el caso del maíz, esa tarifa fue reducida del 65% a aproximadamente el 5% (igual que en la importación del sorgo).
Además, se planteó otorgar la autonomía institucional al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y proveer de suficiente aporte presupuestario para la investigación agrícola (una vez establecida su independencia, debe resaltarse). Así, se estableció que el gobierno del país importador (Ecuador) tramitaría y dictaría una nueva ley para la operación del INIAP que incluya un incremento del presupuesto[4] para la investigación y la creación de un fondo patrimonial.
Para cuando apareció el fenómeno climático El Niño en 1998, el modelo neoliberal en el sector agropecuario se había comenzado a instaurar fácticamente más de veinte años antes (en la década de los 80) y formalmente siete años antes (1991), precisamente son esas las debilidades estructurales a las que antes se hacía alusión citando al Banco Central del Ecuador.
La dinámica natural a la que antes se hizo alusión no es otra que la dinámica de un sistema de economía política capitalista, la que no se entrará a estudiar porque se aleja de los fines de esta investigación, pero que en general fue delineada por Marx y es la misma que se observa en todos los países de América Latina y del sistema capitalista planetario visto como un todo. Sin embargo, esta investigación hace especial énfasis en América Latina, que es el territorio que contiene los casos de reemplazamiento monetario (específicamente de dolarización) aquí investigados. Por supuesto, se puede exponer su estructura fundamental de forma sintética.
Como se verifica en (Martín-Mayoral, 2009, pág. 120), las políticas fundamentalistas de libre mercado tienen su génesis en el Ecuador a partir de la década de los 80. Por supuesto, fue hasta después de la caída del Muro de Berlín que Estados Unidos impulsó sistemática y formalmente esta visión económica a escala planetaria, a partir de la década de los 90, a través del documento elaborado por John Williamson titulado como “What Washington Means by Policy Reform”, conocido popularmente como consenso de Washington (CW), presentado en 1989. Ese fue el caldo de cultivo que sentaría las bases para la crisis económica que estalló en 1999 a raíz de los problemas agropecuarios del Ecuador por el fenómeno natural El Niño.
Por otro lado, como se señala en (Ecuador en vivo, 2020), factores externos como la crisis asiática (1997) y brasileña (1998), el desplome del precio del petróleo en más de USD$10 por barril y el estreñimiento del crédito por parte de prestamistas internacionales en un contexto de ahogamiento de externa (que alcanzaba el 100% del PIB) contribuyeron de forma complementaria a la formación de las bases de la crisis que estalló en 1999 en Ecuador.
Por supuesto, el empleo inadecuado de los fondos bancarios por parte de los altos ejecutivos (resultante de las “exuberantes” comisiones que ofrecen los accionistas a cambio de maximizar la rentabilidad) en conjunto con la corrupción derivada del inadecuado ejercicio del poder burocrático por parte de los políticos profesionales, así como también la ineficiencia de funcionarios públicos no capacitados para ejercer sus funciones (lo cual es otra forma de corrupción, indudablemente), siempre complementan inexorablemente el conjunto de políticas económicas y públicas en general delineadas por Williamson en el documento antes citado.
Así, señala (Robalino, 2021) que esta crisis financiera se originó en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, precisamente los promotores del neoliberalismo en Ecuador. En 1994 crearon la Ley de Instituciones Financieras, que liberalizó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados, que proliferaron sin control. Esta situación generó especulación, fuga de capitales y quiebra de bancos. Las políticas del entonces presidente de la República, Jamil Mahuad, agudizaron aún más la crisis.
Así, señala Robalino, en 1998 el poder financiero se volvió evidente. Banqueros como Fernando Aspiazu financiaron la campaña de Mahuad y otros formaron parte de su gabinete. Se establecieron políticas de “salvataje bancario” que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca, a través de instituciones públicas. En el Congreso Nacional, la famosa “aplanadora”, conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, creó leyes e instituciones, como la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), para que el Estado se haga cargo de las s de la banca privada. Además, reporta (Mesías, 2002, págs. 127-131) que:
La calidad de la información financiera fue regular y existieron balances maquillados y/o prácticas que ocultaron la realidad financiera de las entidades evaluadas. Esto implica que hubo una inadecuada supervisión financiera por parte de la Superintendencia de Bancos del Ecuador (de ahora en adelante, SB).
Se realizan intervenciones tardías e inadecuadas por la SB.
No hubo medidas preventivas, ni correctivas, ni siquiera un monitoreo adecuado, por parte de la SB.
La SB no diferenció al realizar su supervisión entre el riesgo de los bancos intervenidos y el resto del sistema bancario, lo que a todas luces afectó la ejecución de sus políticas preventivas del colapso del sistema bancario y del sistema financiero en general por ello.
Luego de haber analizado la conducta de los clientes en relación con sus depósitos, se desprende que más de la mitad de los bancos tuvieron una tendencia a captar una cantidad superior de depósitos antes de haber sido intervenidos, siendo esta cantidad también superior a la captada por el resto del sistema bancario. En consecuencia, los clientes escogieron básicamente a los bancos con mayor riesgo (intervenidos) en razón de que no pudieron advertir, a través de señales (balances mensuales e índices financieros) emitidas por la SB, la situación individual de las instituciones bancarias.
La ética empresarial de los bancos, sus ejecutivos y sus accionistas tampoco fue óptima. Los bancos privados no informaban a los clientes de su situación de intervención, por el contrario, realizaron estrategias de mercadeo orientadas a atraer a los potenciales clientes con tasas de interés pasivas correspondientes a los distintos plazos existentes. Así, señala la investigadora citada que, durante el período analizado por ella (1993-1999), se observó una relación positiva significativa (78.32%) entre los depósitos totales e intereses pasivos de 84 a 91 días.
Este conjunto de circunstancias, en la jerarquía definida, condujo al feriado bancario y al posterior congelamiento de fondos. Ahora bien, ¿cómo se manifestaron y desarrollaron una vez manifestados ambos fenómenos? Según (Montalvo-Oleas, 2020, pág. 64), “El feriado bancario dispuesto por el Superintendente de Bancos el 8 de marzo de 1999 no tuvo, en su inicio, la intención de preparar el congelamiento de los depósitos de los clientes del sistema financiero ecuatoriano. La secuencia de eventos sucedidos en esa semana, en la que también se realizó un paro nacional en protesta contra otras medidas económicas tomadas por el gobierno (10-11 de marzo), y en especial la declaración del estado de movilización del sistema financiero y de sus clientes (en el que se sustentó el congelamiento de los depósitos) indican que durante esa inusual semana las autoridades del gobierno reaccionaron conforme evolucionaban los acontecimientos. La información disponible evidencia que el feriado bancario no tuvo como objetivo preparar el congelamiento de los depósitos. Sin embargo, ambos eventos forman parte de la crisis financiera del Ecuador que culminó en la dolarización de su economía. A su vez, esta crisis se inscribe dentro de la etapa de inestabilidad monetaria y financiera iniciada en 1982 en la periferia del capitalismo con la crisis de la externa mexicana.”
El autor añade que “El feriado bancario fue uno de los cinco hitos de la crisis financiera de fines del siglo pasado. El primero ocurrió en los meses iniciales de 1996 cuando, al conceder un crédito subordinado al Banco Continental, las autoridades económicas iniciaron un largo periodo de riesgo moral que terminó en 2000, una vez que el BCE ya había perdido sus funciones de prestamista de última instancia. El segundo, entre septiembre y noviembre de 1998, cuando el directorio del BCE aprobó varios créditos de liquidez en favor del Filanbanco, cediendo a las presiones políticas de las autoridades del gobierno. La aprobación de la Ley de Reordenamiento, en diciembre de 1998, contribuyó a profundizar la crisis al ofrecer incentivos para evitar el uso de los servicios financieros y promover la especulación cambiaria, restando liquidez a los bancos. El cuarto es el feriado bancario que trató de evitar, o al menos de retardar, el colapso del Banco del Progreso. Estos acontecimientos demuestran la importancia de las conexiones políticas en el manejo de la crisis.” (Montalvo-Oleas, 2020, pág. 64).
Así, “El quinto, y final, fue el congelamiento de los depósitos de los clientes del sistema financiero. Esta arbitraria decisión, vigente desde el 15 de marzo de 1999, fue declarada inconstitucional el 24 de diciembre de ese mismo año. Para entonces ya era irreversible el perjuicio irrogado a la función de medio de pago de la moneda nacional. Las decisiones tomadas en los cuatro eventos anteriores favorecieron la situación específica de entidades bancarias con fuertes conexiones políticas: el Banco Continental, con el gobierno conservador de Sixto Durán-Ballén; Filanbanco con los legisladores del PSC y del PRE; y el Banco del Progreso con el gobierno de la DP y los legisladores de este partido y del PSC. En última instancia, todos estos bancos quebraron, generaron graves perjuicios a sus clientes en todo el país. El feriado bancario ocurrió al final de la década de 1990, cuando los ajustes y reformas estructurales del neoliberalismo ya se habían consolidado en prácticamente todos los países de la región latinoamericana. En Ecuador este proceso no se ejecutó como una fiel transcripción de los principios de política económica prescritos por el CW. Más todavía, en el sector financiero se lo implementó en forma lenta e intermitente, y no estuvo dirigido, como en otros países, por una dirigencia hegemónica, dispuesta a apostar por las supuestas ventajas del CW. Esta peculiar adopción de los principios del CW no anuló la cultura corporativista practicada por las élites ecuatorianas, como lo prueban los diferentes procedimientos aplicados a entidades bancarias incursas en similares problemas de insolvencia. Los procesos de “saneamiento” ejecutados por la AGD se mantuvieron fieles a esta tradición. La Ley de reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera constituye el antecedente inmediato del feriado bancario. Por contener disposiciones tributarias que incentivaron a los agentes económicos a cambiar sucres por dólares y a evitar el uso de los servicios financieros, provocó la reducción de los niveles de liquidez en las entidades del sistema. Si bien esa disminución afectó a todas, es evidente que, con la medida tomada por el Superintendente de Bancos, el Banco del Progreso al menos pudo posponer su cierre definitivo.” (Montalvo-Oleas, 2020, págs. 64-65).
Por supuesto, el feriado bancario acarreó otras consecuencias. Al prolongarse durante la semana del 8 al 12 de marzo, también sirvió para reducir el riesgo político del paro nacional realizado el 10 y 11 de marzo. La misión del FMI, que había llegado al país para negociar los términos de una nueva carta de intención, lo abandonó cuando se quedó sin interlocutores por la renuncia de cuatro de los cinco miembros del directorio del BCE. Cuando se hizo público que parte de los fondos de la campaña presidencial de Jamil Mahuad provenía del sistema bancario, desaparecieron los últimos vestigios de respaldo al régimen del partido Democracia Popular (DP), como puede verificarse en (Montalvo-Oleas, 2020, pág. 65). Así, en abril de 1999, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para restablecer el impuesto a la renta y modificar otros tributos. Pero el legislativo determinó que el ICC sea deducible del impuesto a la renta, manteniendo la distorsión del mercado financiero introducida por la Ley de Reordenamiento. El mercado de CDR[5], que de cierta manera suplió la falta de liquidez provocada por la Ley de Reordenamiento y por el decreto ejecutivo n. 685, ahondó la desconfianza. Este resultado, más la dolarización de los portafolios de los agentes económicos, restaron buena parte de las funciones económicas del sucre, precipitando al país hacia la adopción del dólar como moneda de curso forzoso, argumentando que era la tabla de salvación ante una eminente hiperinflación (aumento del más del 50% mensual en los precios), que conduciría eventualmente a que la moneda nacional perdiese todo su valor, puesto que en apenas un año (de enero de 1999 a enero de 2000) se devaluó en más del 250%, según reporta (Ecuador en vivo, 2020).
Además de presentarse a la dolarización como una opción técnicamente válida para el cataclismo económico y financiero que explotó en el Ecuador a partir del 8 de marzo de 1999, posteriormente también se afirmó que la dolarización era lo mejor para el Ecuador debido a su tradición de indisciplina económica y fiscal.
Cualquiera podría pensar que en relación al segundo argumento es mejor corregir la indisciplina que perder la política monetaria, sin embargo, en relación al primer argumento no parece haber mucho qué objetar, puesto que el promedio anual de participación de la agricultura en el PIB total durante la década de los 90 fue, según (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador, 2016, pág. 98), del 21%.
La liberalización del sector agropecuario (con lo que ello implica a nivel de producción, empleo, calidad del empleo y precios a la luz de la experiencia internacional), en combinación con los efectos climáticos catastróficos ocasionados por El Niño, de una quiebra de 20 bancos [véase (Montalvo-Oleas, 2020, pág. 65)] producto de la crisis financiera[6] (derivada a su vez de la crisis económica que explotó con el fenómeno climático en cuestión) y de un nivel de centralización del capital financiero sin precedentes en la economía ecuatoriana [como resultado de la crisis general del capitalismo (de carácter económico y financiero) y que se expresa fundamentalmente en que tres entidades (dos domiciliadas en Quito y una en Guayaquil) tenían más del 52% de los activos de todos los bancos supervivientes y en que de los diez bancos más grandes (esto medido por el volumen de sus activos) tres eran extranjeros], parecería imponer (y a contrarreloj) la inexorable necesidad de estabilizar los precios para no llegar a un escenario hiperinflacionario que a su vez conduzca al fenómeno económico conocido como estanflación. Por supuesto, esta política se realizó bajo la lógica de que los privilegios de los grandes banqueros ecuatorianos y de los grandes capitalistas ecuatorianos en general no pueden modificarse a la baja y que el gobierno debe intervenir de forma mínima en el sistema económico, salvo para propiciar las ganancias de estos grandes capitalistas. Bajo otra visión del mundo las políticas seguramente habrían sido otras, si se tuviese además la suficiente correlación de fuerzas para ejecutarlas, puesto que evidentemente encontrarían resistencia por parte de los sectores de la sociedad que se benefician de que las cosas funcionen de tal forma y no de otra. De cualquier forma, el panorama financiero del Ecuador no era prometedor. Señala el autor que bajo la tutela de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos[7]) los bancos quebrados se denominaron en forma genérica “la banca en saneamiento.” Ésta representaba 53,4 por ciento de los activos y 60,9 por ciento de los pasivos del sistema bancario de antes de la crisis. Una vez efectuada la dolarización en Ecuador, conviene preguntarse qué ocurrió después.
Señala el autor referido que, al comenzar el siglo XXI, la AGD tenía 90.2% de los créditos vencidos de todo el sistema financiero y el país ya no contaba con una entidad prestamista de última instancia.
(Hernández M. C., 2020), quien entrevista para FRANCE 24 al presidente del Colegio de Economistas de Pichincha (una provincia ecuatoriana situada en el centro norte del país), señala que “La dolarización fue la última movida de Mahuad, señalado por su cercanía con la banca. Doce días después del anuncio de la medida, el presidente fue derrocado.” Por lo que no sólo la correlación de fuerzas económicas y financieras, sino también la correlación de fuerzas político-burocráticas y jurídicas estaban en concentración de los banqueros ecuatorianos. Así, con independencia de si se llegó a la dolarización de forma premeditada o no (es decir, de si la clase oligárquica ecuatoriana hizo lobismo para arribar premeditadamente -salvo El Niño, de origen natural- a ese apocalipsis económico y financiero que vivió el Ecuador o no), es un hecho que en su beneficio es que se llegó a la crisis y en su beneficio fue que se resolvió la crisis.
A pesar de ello, según (Hernández M. C., 2020), una de las ventajas de la dolarización, viendo las cosas en perspectiva veinte años después, fue la estabilidad monetaria que ha presentado el Ecuador, puesto que antes (con el sucre, la moneda nacional ecuatoriana previo a la dolarización) la devaluación, la inflación y las emisiones inorgánicas hacían volátil el valor del sucre y ello empobrecía a la clase media por cuanto los salarios reales, ceteris paribus, son más fácilmente erosionables en relación a un escenario en el que la moneda nacional es un dólar robusto como el que por aquel entonces (a diez años de la caída del Muro de Berlín) era el estadounidense.
Fuente: (Roura, 2020).
Además, señala la reportera, el déficit ahora no se puede cubrir con emisiones inorgánicas, se explicará esto un poco más. Como se señala en (Westreicher, 2019), la diferencia entre dinero orgánico e inorgánico es que el segundo es emitido sin respaldo real. Esto significa que se ha incrementado la base monetaria, pero no la cantidad de bienes y servicios en la economía. Esta terminología surge tras sustituir parcialmente (véase los anexos) el patrón oro por el respaldar la moneda con la producción interna del país. Entonces, cubrir el déficit con emisiones inorgánicas implica que el gobierno se en ilimitadamente con el banco central sin capacidad real de pago, es una forma de monetizar la deuda (proceso mediante el cual el gobierno se en progresivamente con el banco central).
Sin embargo, recoge la reportera de su entrevista con el economista Pablo Dávalos que “(…) “Para Dávalos, uno de los efectos positivos de la dolarización, una mayor capacidad adquisitiva, tiene también su lado oscuro. Afirma que la fortaleza del dólar, que permitió un dinamismo del consumo, dio pie a un proceso de desindustrialización y reprimarización porque se volvió más rentable importar que producir. Se produce una desindustrialización de la economía al extremo que se empiezan incluso a importar bienes agrícolas porque no existen políticas que apoyen la producción agrícola, porque es mucho más barato traer frutas de Perú u hortalizas y verduras de Colombia que producirlas en Ecuador (…) Para sostener el esquema de dolarización, se necesitan flujos positivos en balanza de pagos, aumentar las exportaciones y controlar las importaciones”, opina el experto.”
Por supuesto, hay voces que cuestionan este posicionamiento. Recoge Hernández que “Para George Selgin, director para las Alternativas monetarias y financieras del Instituto Cato, en Washington, la dolarización no es la causa de algunas fallas de la economía ecuatoriana, que persistirían aún sin implementar esta medida.
“Recientemente ha habido dificultades, el crecimiento se ha ralentizado, pero el principal problema es que Ecuador sigue siendo muy dependiente de sus exportaciones petroleras, entonces es inevitable que su economía oscile de acuerdo con el precio del crudo. Esta sería una realidad así no estuvieran dolarizados”, le dijo Selgin a este medio. Selgin considera que el hecho de que los ecuatorianos compren bienes en países vecinos porque el dólar es muy fuerte -algo que se ha visto como un efecto negativo de la dolarización- se debe principalmente a los altos aranceles de esos productos en Ecuador. “Bajar los aranceles con respecto a los países cercanos probablemente sería más beneficioso para los ecuatorianos que meterle mano a la dolarización”, añadió.”
Lo que dicen Dávalos y Selgin no son necesariamente mutuamente excluyentes, salvo que se lleve alguna de las dos posturas al extremo. La cuestión es que es verdad que la matriz productiva del Ecuador poco diversificada lo hace dependiente de los choques (perturbaciones exógenas al sistema económico), pero también es cierto que no tener política monetaria propia ata de manos a las autoridades para enfrentar dichos choques y puede generar además vulnerabilidad a otro tipo de choques. Por supuesto, los banqueros transnacionales (especialmente los fondos buitre), incluidos los banqueros que controlan las decisiones de los gobiernos de los países con mayor poder de voto en el FMI, son los que lamen sus colmillos cuando el desempeño del sistema económico ecuatoriano está por debajo de su potencial, debido a que en ese escenario la única forma de salvaguardar la dolarización es con el incremento de externa[8], precisamente a través de organismos como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por supuesto, un sistema económico cuyo funcionamiento está modelado por el consenso de Washington (fácticamente a partir de 1980 y formalmente desde 1991) muy difícilmente funcionará adecuadamente (a la luz de la experiencia en América Latina y Europa[9]), por lo que ello desencadenó una seguidilla de crisis políticas[10] a partir de 1996 que duró hasta la llegada de Rafael Correa al poder en el año 2007, que coincide con el desmantelamiento sistemático del modelo neoliberal del sistema económico ecuatoriano y la llamada “Revolución Ciudadana” enmarcada en el movimiento político latinoamericano conocido como “Socialismo del Siglo XXI”.
Fuente: Elaboración propia.
Tras lo planteado, conviene preguntarse por qué Rafael Correa no desmontó la dolarización en el Ecuador, a pesar de que en (Correa Delgado, Dolarización y desdolarización: más elementos para el debate. Comentarios al dossier de Íconos 19, 2004, pág. 89) señalaba que “Como también acertadamente señaló Fander Falconí, el debate sobre la dolarización real-mente involucra el porvenir económico y social de nuestros países. Significa superar simplismos como el “dogma de la estabilidad”, cuya expresión más extrema es, sin duda, la dolarización ecuatoriana. Un tipo de cambio fijo irreversible, en una economía abierta, pequeña y de baja productividad, es claramente un disparate técnico, que seguramente algún día controlará la inflación, pero probable-mente quebrando al sector real de la economía. Significa, como lo señalan Alberto Acosta, Carlos Parodi y Carlos Larrea, repensar la noción y estrategia de desarrollo, pues se trata de recuperar políticas económicas soberanas en función de verdaderos proyectos nacionales, e impedir que las economías y el bien común estén sujetos al arbitrio de la entelequia del mercado. Significa, como bien nos recuerda Emilia Ferraro, la necesidad de remediar la inconformidad de la población con un Estado y una identidad nacional desgastada. Es decir, recuperar nuestro capital social, destrozado por políticas económicas absurdas.”
Las razones de ello las revela Correa tanto en una ponencia académica realizada en Panamá (Correa Delgado, Rafael Correa: Porque no es tan fácil desmontar la dolarización, 2016) como en una entrevista realizada por CNN (Correa Delgado, Rafael Correa responde si Ecuador dejará de lado la dolarización, 2010). Sus argumentos se exponen a continuación.
Correa plantea que salir de la dolarización de forma exitosa a corto y mediano plazo es imposible, puesto que crearía trastornos económicos y sociales que asumiría la clase trabajadora. No debe creerse que el dinero electrónico crea medios de pago alternativos con los cuales se puede sustituir el dólar, puesto que estos sólo incrementan la velocidad de circulación del dinero.
El ex presidente explica que la dolarización se consumó en Ecuador porque se conjuntaron tanto la desesperación del pueblo por el drama económico y social imperante entonces y las presiones de los grupos de poder económico y político del Ecuador.
Correa señala que la dolarización fue inconstitucional, a la luz de la Constitución del Ecuador de 1998, lo cual es verdadero. En el artículo 264 de dicha constitución se señala que: “La emisión de moneda con poder liberatorio ilimitado será atribución exclusiva del Banco Central. La unidad monetaria es el Sucre, cuya relación de cambio con otras monedas será fijada por el Banco Central.” (Asamblea Constituyente de la República de Ecuador, 2002).
Además, Correa señala que la teoría detrás de la dolarización, como su fundamento técnico, es la teoría de las áreas monetarias óptimas[11]. Esta teoría establece que los requisitos para ser un área monetaria óptima son:
Tener los mismos ciclos económicos, lo que deriva en la coincidencia de objetivos de política económica.
Si no se cumple lo anterior, que exista perfecta movilidad laboral.
Los principales problemas de que no se cumplan los requisitos anteriores aparecen cuando el precio del dólar (o de la divisa que reemplazó a la moneda nacional) varía en sentido inverso a las necesidades de política económica de quien se dolariza.
Finalmente, Correa señala que el principal requisito para mantener la dolarización en niveles relativamente saludables es cumplir las siguientes medidas:
Mejorar la competitividad sistémica[12] de cara al concierto internacional, lo cual se logra invirtiendo en I + D + i, vías de comunicación (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.), lo cual Ecuador logró a través de inversión pública. Esto es así porque se logra que entren más dólares al lograr posicionar mejor los productos en el mercado mundial, puesto que implica un mayor volumen de ventas por parte de los exportadores nacionales y, por consiguiente, una entrada de dólares al país dolarizado (para este caso, Ecuador).
Políticas para maximizar la eficiencia del sector público (ahorro de costos). Esto es así porque con ese tipo de ahorro público, no sólo se estimula la competitividad sistémica (estimulando la competitividad del sector público), sino que también no se sacrifican programas sociales que garanticen estándares de vida digna en la población.
iii. propuesta de desdolarización en ecuador
III.I. GENERALIDADES
Rafael Correa no adoptó medidas orientadas a la desdolarización de la economía ecuatoriana, sin embargo, un candidato presidencial de su partido, Andrés Araúz, aproximadamente cinco años después de que Correa saliese del poder, plantearía una propuesta de desdolarización, la primera propuesta realizada desde la izquierda ecuatoriana, aunque su nivel de especificación técnica es bajo, como toda propuesta de desdolarización hasta la fecha. Esta propuesta se localiza en (Araúz, Desdolarización mala y “desdolarización” buena, 2020) y en ella Araúz distingue una “desdolarización mala” y una “desdolarización buena”, las cuales se exponen íntegramente a continuación.
III.II. DESDOLARIZACIÓN “MALA”
La desdolarización mala tiene dos objetivos: la fuga de capitales y la devaluación del salario.
La fuga de capitales es lo que banqueros llaman libre movilidad de capitales o lo que la Ley Trole 1 del año 2000 llamaba “libre transferibilidad de divisas al exterior”. Es decir, plantean que la dolarización se mantenga fuera del Ecuador, para los excedentes de los capitalistas que se manejan en un sistema de pagos paralelo en Panamá, en Miami y en Nueva York. Las ganancias de los grandes capitalistas se lo guardan en el exterior, en dólares.
La devaluación del salario es el insistente pedido de “competitividad” plasmado en los acuerdos con el FMI y en la reciente muletilla de moda que la “realidad superó la legalidad” en alusión a la necesidad de romper los derechos laborales. Conscientes de que la ciudadanía, y la Constitución, es celosa con la no regresión de los derechos laborales, apelan al único instrumento remanente que les permitiría disminuir los sueldos: la devaluación de la moneda.
El FMI hablaba de una sobrevaloración salarial del 37%. En términos gruesos, buscarían que la nueva moneda reduzca el poder adquisitivo del trabajador. Que el salario real pase de 400 dólares a 250 dólares. La nueva moneda sufriría una devaluación inmediata, valdría el 60%. Pero las ganancias de las élites seguirían siendo en dólares, refugiadas en sus cuentas offshore en el exterior.
Una desdolarización mala comenzaría por pagar en la nueva moneda a los trabajadores del sector público, para los cuales no se priorizó la liquidez en la caja fiscal. ¿Cómo instrumentar una desdolarización mala? Imposible pensar que la ley para una desdolarización mala pueda pasar por la actual correlación en la Asamblea Nacional. Se vuelve indispensable para el poder de las élites legislar vía decreto (clausurar la Asamblea). Pareciera que las leyes humanitarias y de finanzas públicas son distractores o instrumentos de chantaje mientras se fragua la verdadera intención: la desdolarización mala.
iii.iii. desdolarización “buena”
La “desdolarización” buena buscaría: más medios de pago y encarecimiento de las importaciones.
La “desdolarización” buena no cambiaría la moneda, más bien añadiría formas distintas de dinero. Más medios de pagos quiere decir más liquidez -en dólares- dentro del país. Implica transitar hacia el uso de medios de pago nacionales para transacciones nacionales, inclusión financiera con títulos valores desmaterializados con transaccionalidad atomizada (por celular), multiplicación de liquidez interna -incluyendo por parte del banco central- y generalizar el uso de cámaras de compensación territoriales y sectoriales. En ningún caso implica reducir la remuneración ni la capacidad adquisitiva de los trabajadores, excepto en bienes importados.
La “desdolarización” buena enfocaría el poder del estado en los controles a la salida de divisas: el famoso “timbre cambiario”. Para poder sacar dinero del país, los importadores o quienes quieran fugar capitales al exterior o a paraísos fiscales offshore deberán adquirir el derecho de sacar el dinero del País. Ese derecho es transable y tiene un cupo fijo, pero ajustable, concedido por el estado. El cupo es vendido por el banco central. En los hechos, esto desdolarizaría la salida de divisas de los ricos y de los importadores. Según los cálculos realizados, el cupo de salida de divisas podría comenzar costando 27 centavos por cada dólar. Es como que el Impuesto a la Salida de Divisas sea del 27%, pero, además, con cupo limitado. A este cupo se le podría apodar con un nombre.
La implementación de un esquema así no requiere de legislación adicional, y en caso de que así se lo requiera, podría ser legislación que sí cuente con apoyo del actual legislativo. Se requeriría un gobierno alineado a los sectores populares y no a las élites transnacionalizadas y offshore-izadas.
Las cifras más actuales muestran que la salida de divisas del sector privado sumó $28418 millones en 2019, su contribución neta a las reservas internacionales fue negativa en $2105 millones, y el total de activos en el exterior del sector privado suma $27000 millones (diez veces más que las reservas internacionales oficiales).
En primer lugar, es deseable que la contribución neta sea al menos igual a cero. Por lo tanto, una primera meta debería reducir en 10% la salida bruta de divisas privadas. Pero, además, debería ser una vergüenza que las reservas oficiales sean 10 veces menos que los activos en el exterior del sector privado. Un monto tolerable sería una cantidad equivalente. Por lo tanto, una segunda meta plantearía repatriar $12 mil millones del sector privado para que las reservas oficiales aumenten a $15 mil millones y los activos privados en el exterior bajen a $15 mil millones. Para que esta repatriación sea viable, el esfuerzo debería estirarse a cuatro años. Esto implica una meta neta de +$3 mil millones anuales.
Asumo que la entrada de divisas privadas caerá por la parálisis planetaria en un 30% de $26658 millones a $18668 millones. Asumiendo una caída de similar magnitud en la salida bruta de divisas autónoma a $19893 millones.
Esto implicaría un déficit autónomo de $1225 millones. Más la meta de repatriación de $3 mil millones, se establecería una restricción de $4225 millones en el año 2020. El cupo disponible para salida de divisas debería ser de $15668 millones. Frente a una demanda autónoma de $19893 millones, el cupo de salida de divisas costaría 27% más que la salida misma. El timbre cambiario podría comenzar cotizando a 27 centavos de dólar.
Alegre, P. (Diciembre de 2008). Democracia y Reformas: Un Caso de Gradualismo Perverso. Revista Uruguaya de Ciencia Política, XVII(1), 137-158. Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v17n1/v17n1a06.pdf
Labat, D., & Licandro, G. (2021). Hacia una moneda de calidad. Montevideo: Banco Central de la República Oriental del Uruguay.
Licandro, G., & Mello, M. (Noviembre de 2016). Dolarización cultural y financiera de los hogares uruguayos. Centro de Estudios Monetarios Centroamericanos, 365-404. Obtenido de Centro de Estudios Monetarios Centroamericanos: https://www.cemla.org/PDF/ic/ic-2016/ic-2016-11.pdf
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador. (2016). LA POLÍTICA AGROPECUARIA ECUATORIANA. Hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025, I Parte. Quito: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu183434.pdf
Roura, A. M. (2009 de Enero de 2020). 20 años de la dolarización en Ecuador: ¿por qué es tan popular la dolarización entre los ecuatorianos? (y cuál es su lado oscuro). Obtenido de BBC News Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50916554
[1] “En 1998 el Ecuador sufrió un devastador fenómeno de El Niño. Las graves inundaciones causaron pérdidas de cuatro mil millones de dólares por la destrucción de carreteras, caminos y puentes, así como daños en los cultivos y en el sector pesquero. Ese año, los precios del petróleo bajaron drásticamente: siete dólares por barril.” (Basantes, 2020).
[2] La investigadora señala en las mismas páginas referidas, como nota al pie, las siguientes investigaciones: Oxfam, 2005. Food aid or hidden dumping? Separating wheat from chaff. 71 Oxfam briefing paper. March; Zerbe, Noah 2002, “Feeding the Famine? American Food Aid and the GMO Debate in Southern Africa”, Center for Philosophy of Law Catholic University of Louvain. Bélgica; Salgado. W, 20021. Ayuda alimentaria o Ayuda a las exportaciones en RALLT, 2002. E. Bravo. Ed. “Transgénicos y Ayuda Alimentaria”. Quito-Ecuador 2002. http://www.rallt.org; Mousseau, Frederic, 2005. Food Aid or Food Soverignity: Ending World Hungry in our time. The Oakland Institute.
[3] “Se les llama de esta manera a los bienes básicos, aquellos productos que se destinan para uso comercial, y que tienen como característica más relevante, que no cuentan con ningún valor agregado, se encuentran sin procesar o no poseen ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás productos que encontramos en el mercado, por esto se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes.” (Castro, 2019).
[4] Un incremento equivalente de forma aproximada al 2% del PIB agrícola.
[5] Un certificado de depósito reprogramable fue un documentado entregado a las personas cuenta ahorristas del Ecuador durante la crisis referida. Los certificados se entregaban a los depositantes a cambio del dinero congelado en los bancos. Como se verifica en (El Telégrafo, 2021), que recoge las palabras del analista económico ecuatoriano Guido Macas de la Universidad Ecotec, la creación y emisión de CDR se supuso que era una forma del gobierno ecuatoriano de decirle a los cuenta ahorristas que no habían perdido los dineros, sino que luego se los devolvían, dado que el Estado no tenía fondos y que esperaba vender los activos y el patrimonio de los dueños de los bancos, sin embargo, en la práctica fue sensiblemente diferente la cuestión. A continuación, puede verificarse el aprovechamiento que logró la banca ecuatoriana a través de los CDR.
Cronología de los CDR
Fuente: (Wikipedia, 2021).
[6] Ese año, el sistema bancario registró pérdidas de 1.520 millones de dólares estadounidenses, según la fuente citada.
[7] “(…) es un organismo que nace en momentos en que el sistema financiero, productivo y la economía nacional en general, atraviesan una de las peores crisis en la vida republicana del Ecuador. La AGD no es otra cosa que una entidad de derecho público, autónoma y con personería jurídica propia, gobernada por un directorio, cuyo principal propósito será el de garantizar el pago de la totalidad de los depósitos que el público tiene invertidos en el Sistema Financiero Ecuatoriano, de conformidad con la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera.” (Hidalgo Loffredo & Yturralde Farah, 2020).
[8] Esto es, al menos a largo plazo (puesto que existe una condición estructural en esos países que los obliga a contraer constante y crecientemente deuda), aún más beneficioso que los ataques especulativos a los precios de los bonos de deuda externa (riesgo país) e incluso que los ataques especulativos a los precios de las commodities de los países subdesarrollados (como en el caso del Ecuador es el petróleo).
[9] El célebre economista francés Olivier Blanchard, en su etapa como economista-jefe del Fondo Monetario Internacional, reconoció en (Blanchard & Leigh, 2013, pág. 6) admitió la existencia de errores en las estimaciones de crecimiento del PIB realizadas por el FMI tras la ejecución de los programas de ajuste estructural y de estabilización monetaria (que son el conjunto de políticas económicas denominadas neoliberalismo) asociadas sistemáticamente a los ajustes fiscales. Además, señala en (Blanchard & Leigh, 2013, pág. 4) que no se consideraron aspectos característicos de las economías a las que “recomendaron” (véase, por ejemplo, para el caso de Grecia, lo ocurrido con el presidente del FMI Dominique Strauss-Kahn en 2011 y lo ocurrido con el primer ministro de finanzas de Grecia Yanis Varoufakis en 2015) hacer el ajuste, mientras que en (Blanchard & Leigh, 2013, pág. 19) admite que subestimaron el impacto de la austeridad fiscal en los multiplicadores del modelo de estadístico-matemático utilizado para realizar los pronósticos sobre el crecimiento del PIB. Además, también se reporta en (BBC Mundo, 2016) que “Vivir para ver. Eso habrán exclamado, incrédulos, muchos críticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando leyeron hace un par de semanas un texto publicado en la página web de la entidad. El escrito empieza diciendo: “En vez de llevar al crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, a la vez que ponen en peligro la expansión duradera”. Y que esa desigualdad “le hace daño al nivel y la sustentabilidad del crecimiento”. La declaración (…) corresponde a un artículo de Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, todos funcionarios del FMI. Ostry es subdirector del Departamento de Investigaciones del organismo. Loungani es jefe de división y Furceri es economista en la misma dependencia. BBC Mundo intentó comunicarse con los autores del artículo, titulado “Neoliberalism: Oversold?” (Neoliberalismo, ¿sobrevendido?) pero no obtuvo respuesta alguna del Fondo Monetario Internacional a varias solicitudes de entrevista. Las declaraciones de los tres funcionarios sorprenden por ser una aparente admisión de error por parte de expertos del FMI a las políticas que contra viento y marea buscó imponer la entidad a lo largo del mundo. Y que, según sus críticos, fueron adoptadas con un elevado costo social (…) El ajuste estructural se defendía como el remedio doloroso, más necesario, para garantizar el éxito económico futuro de los países. Un precepto que han puesto en duda los investigadores del FMI con su reciente artículo.” En la actualidad, cinco años después de esa publicación de la BBC, no quedan dudas del fracaso para las mayorías de las políticas neoliberales, al menos en América Latina y Europa al juzgar los violentos estallidos sociales suscitados en España, Grecia, Portugal, Colombia, Chile, México y Argentina (que incluso volvió a probar del mismo tipo de políticas con Macri y luego decidió volver a otro tipo de gobierno).
[10] Según (Mora, 2013, pág. 50), “Desde el año 1996 hasta el 2007 Ecuador tuvo siete presi-dente, tres de ellos fueron derrocados por sus mandantes, una destituida por el Congreso Nacional, otro ocupó el cargo de presidente interino y tres terminaron períodos que no iniciaron. Para la mayoría de los ecuatorianos esto significa que el triunfo de siete elecciones continuas, no sólo le otorga a Rafael Correa un papel de líder nacional, sino que le da consistencia al proceso democrático ecuatoriano.”
[11] Esta teoría se estudia en los anexos correspondientes.
[12] “(…) enfoque sistémico de la competitividad. En él se considera que existen cuatro esferas que condicionan y modelan su desempeño: en primer lugar, el nivel microeconómico (en la planta y dentro de las empresas, para crear ventajas competitivas); en segundo lugar, el nivel mesoeconómico (eficiencia del entorno, mercados de factores, infraestructura física e institucional y, en general, las políticas específicas para la creación de ventajas competitivas); en tercer lugar, el nivel macroeconómico (política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, presupuestaria, competencia) y, finalmente, el nivel metaeconómico o estratégico (estructura política y económica orientada al desarrollo, estructura competitiva de la economía, visiones estratégicas, planes nacionales de desarrollo).” (Hernández R. A., 2001, pág. 5).
DOLARIZACIÓN Y DESDOLARIZACIÓN EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
I. CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL URUGUAY PREVIAS AL PROCESO DE DOLARIZACIÓN
I.I. Generalidades
Como se señala en (Aboal, Lanzilotta, & Perera, 2006, pág. 8), luego de la devaluación experimentada en la economía del Uruguay a inicios de este milenio, la prioridad para el gobierno era la de comenzar a definir un ancla monetaria, que obviamente no podía ser el tipo de cambio. Este fue un proceso que llevó algunos meses y que culminó hacia fines del año 2002 con la adopción de la base monetaria como ancla del sistema. Como era esperable, el período post devaluación y flotación fue un período de alta volatilidad en el tipo de cambio, no solo por el efecto del pasaje de un tipo de cambio relativamente fijo a uno flexible, sino también por el nerviosismo del mercado mientras no estaba clara cuál sería la política monetaria a seguir (véase gráfico 2.6). Esto se muestra en las figuras presentadas a continuación, en donde BM significa base monetaria y MI significa meta de inflación.
Debido a lo anterior, (Labat & Licandro, 2021, pág. 5) establecen que el momento histórico de partida de la dolarización fue a partir de 2003. Así, se deben exponer sintéticamente el conjunto de condiciones macroeconómicas fundamentales dentro y junto de las cuales la economía uruguaya comenzó a funcionar de forma dolarizada.
I.II. Inflación
Como señalan L&L, Uruguay comenzó a administrar la política monetaria bajo un tipo de cambio de libre flotación recién después de la crisis de 2002, puesto que fijó sus objetivos en otro macroprecio, específicamente en la inflación. La historia uruguaya está marcada por la sucesión de diferentes tipos de arreglos de tipo de cambio fijo, con intervalos muy cortos de episodios caóticos de flotación entre medio, hasta el abandono de la banda cambiaria en julio de 2002.
En medio de la crisis, el Banco Central optó por avanzar hacia el manejo de la base monetaria, ya que las autoridades del Banco Central entendieron que era importante comprometerse en el corto plazo con una meta que se podría lograr para construir credibilidad a largo plazo. A partir de septiembre de 2002, el Banco Central comenzó a anunciar metas trimestrales para la base monetaria, inicialmente sin ninguna referencia a una meta de inflación. Una vez que se completó el canje de deuda en el primer semestre de 2003, el Banco Central comenzó a introducir una referencia a un número de inflación. Gradualmente, el compromiso de la política monetaria se desplazó primero a los agregados monetarios y luego a la inflación. A principios de 2005, Uruguay operaba bajo lo que podría llamarse un régimen de metas de inflación, con los agregados monetarios como instrumento de política monetaria. Inicialmente, el centro del rango meta para la inflación fue establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en 5,5% y a principios de 2005 se cambió al 5%, donde permanecería hasta agosto de 2020. El ancho del rango meta se estableció inicialmente en G2%, en 2009 se reduciría transitoriamente a G1% para volver al diseño original en 2013.
El instrumento inicial de política monetaria bajo metas de inflación fue M1′. En julio de 2007 el Banco Central del Uruguay pasó a utilizar la tasa interbancaria a un día como instrumento de política monetaria, para luego volver en julio de 2013 a la gestión de agregados monetarios.
Señalan L&L que en 2008 se aprobó la nueva carta orgánica del Banco Central. Esta ley daría más autonomía al regulador de servicios financieros, pero a pesar de las intenciones iniciales de brindar un mejor marco para la política monetaria, no se produjeron mejoras. El borrador inicial enviado desde el Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas estaba alineado con las mejores prácticas de diseño institucional de la banca central, y preveía varias mejoras de las instituciones monetarias que no terminarían reflejándose en el texto final. En particular, la priorización de la inflación como el objetivo principal de la política monetaria, un directorio con mandatos de ocho años superpuestos, una mayor rendición de cuentas, fueron ideas que naufragaron en el proceso parlamentario (ya habían sido desestimadas en la discusión de 1995). Ninguna de estas ideas fue finalmente aprobada. En cambio, la creación de un Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM) con un mandato bastante ambiguo y una clara preeminencia del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Banco Central terminó por reducir la independencia del Banco Central, ver Licandro y Licandro (2010). Además, los nuevos estatutos tenían una redacción bastante ambigua de los objetivos del Banco Central que podría dar lugar a interpretaciones bastante diferentes en cuanto a la forma en que el banco debería manejar las medidas de política económica.
La práctica de la política monetaria no mejoró el diseño institucional, ya que el Banco Central mantuvo una estrecha coordinación institucional con el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego de creado el CCM, este comenzó a reunirse trimestralmente el día antes (o incluso el mismo día) a las reuniones del comité de política monetaria (antes del COPOM). Esa sería la rutina de la coordinación de políticas hasta principios de 2020. Señalan también los autores que todo el período se caracteriza por un conflicto permanente y visible de objetivos en el Banco Central. El Banco Central destacó este conflicto en la comunicación pública utilizando varias imágenes que se referían a la política monetaria como un ejercicio de equilibrio, una disciplina imperfecta, y la flexibilidad del Banco Central en el uso de sus instrumentos. Esta actitud corresponde a una interpretación del mandato establecido en los estatutos del banco que imaginaba el conflicto entre actividad e inflación como permanente. En la práctica, la inflación se convirtió en una prioridad cuando la inflación estuvo cerca de superar el nivel del 10%, y la actividad fue una prioridad cuando la inflación se acercó a la meta de inflación.
Además, señala (Alegre, 2008, pág. 148) que “Mientras la inflación tuvo una baja progresiva hasta llegar a un dígito a fines de los años 90 (de un 81% en 1991, a poco más del 8% en 1998), el salario real tuvo un aumento progresivo bastante moderado también en este período: del orden del 7,5% acumulado entre 1991 y 1998. (INE, 2003).”
I.III. Deuda Externa
Como se señala en (Alegre, 2008, pág. 148), “La refinanciación de la deuda externa uruguaya a través del “Plan Brady” implico para Uruguay y para el resto de los países de la región incluidos en el plan, quitas al valor de la deuda a cambio del compromiso de acelerar los programas de reformas en áreas como las empresas públicas, el comercio, y el mercado de trabajo. Así mismo, este plan de renegociación reorientó la política cambiaria de herramienta para lograr el equilibrio externo, hacia su utilización como instrumento anti-inflacionario, dado que ya no era necesario mantener un tipo de cambio elevado para obtener superávit comercial de manera de hacer frente a los pagos de la deuda. (Rodríguez, Cozzano y Mazzuchi, 2001).”
En el sitio web del Banco Mundial no existen datos disponibles acerca de la deuda externa del Uruguay (en ninguno de sus tipos[1]) y las secciones del sitio web del Banco Central del Uruguay (BCU) pertinentes a deuda externa se encuentran caídas para esta fecha (7 de junio de 2021), sin embargo, mediante la utilización de la WayBackMachine del Internet Archive ha sido posible recuperar por completo la versión del sitio web del 2 de enero de 2016 y, con ello, los archivos que esta versión del sitio contiene relativos a la deuda externa uruguaya; sin embargo, del período de interés (1990-2003) sólo se pudo recuperar el subconjunto de años 1999-2003, tal como se presenta a continuación.
Fuente: (Banco Central del Uruguay, 2016, pág. 3).Fuente: (Banco Central del Uruguay, 2016, pág. 3).Fuente: (Banco Central del Uruguay, 2016, pág. 3).Fuente: (Banco Central del Uruguay, 2016, pág. 4).Fuente: (Banco Central del Uruguay, 2016, pág. 4).Fuente: (Banco Central del Uruguay, 2016, pág. 5).
I.IV. Tipo de Cambio
Según (Alegre, 2008, pág. 147), durante la década de los noventa, década que antecedió a la dolarización (situada por L&L alrededor del año 2003, como se expuso anteriormente), el tipo de cambio se mantuvo rígido, existía un déficit fiscal oscilante (altamente sensible a los ciclos electorales) aumentándolo en contextos de desaceleración económica, un mercado financiero desregulado y altamente vulnerable a los choques financieros internacionales. Durante los años noventa, los gobiernos fijaron un tipo de cambio de “flotación sucia”[2] en donde el Banco Central del Uruguay fijó una franja de movilidad de la moneda nacional frente al dólar. La autoridad monetaria intervenía saliendo a comprar o vender dólares si su cotización pasaba o se ubicaba por debajo de la franja establecida.
Además, señala Alegre que “(…) el alivio del endeudamiento externo y el acceso a crédito a bajas tasas de interés en el marco de un tipo de cambio sobrevaluado, generaron incentivos para la expansión del ingreso de bienes de consumo final, que generaron booms de importación desacompasados por un incremento de la productividad de la economía. Esta mixtura generó serias dificultades una vez que las condiciones cambiaron. Las devaluaciones regionales debilitaron la competitividad de nuestro país.” (Alegre, 2008, pág. 148).
(Alegre, 2008, pág. 149), señala que en este período se configuró un escenario en el que, debido a la contracción de la demanda internacional provocó pérdida de mercados internacionales para el sector exportador del Uruguay y una disminución de los precios de las commodities de exportación, la región dejara de ser rentable y tuvo lugar un éxodo[3] de capitales. Paralelamente a lo anterior, las tasas de interés aumentaron, encareciendo el acceso al crédito. Como resultado, el tipo de cambio sobrevaluado sostenido, licuó la competitividad del país; la continua expansión del consumo fue financiada no ya con ingreso de divisas sino sobre la base de un endeudamiento persistente a tasas de interés crecientemente altas. Finalmente, la salida de capitales en un mercado desregulado y sin control sobre los flujos de capital terminó de comprometer la capacidad fiscal del estado a comienzos del 2001. Para fines de ese año, el gobierno debió devaluar su moneda. Al año siguiente la salida de capitales puso en jaque al sistema financiero. Las reservas internacionales del Banco Central se esfumaron, obligando al país a endeudarse para poder respaldar los depósitos bancarios. Para fines de junio del 2002, las reservas internacionales alcanzaban apenas los mil millones de dólares, siendo conformadas en gran parte por fondos inyectados por el FMI vía en miento (Banco Central, 2002). A su vez, esta situación puso al país al borde del default, obligando a profundizar el programa de ajuste fiscal.
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DOLARIZACIÓN EN EL URUGUAY
En la actualidad, como se reporta en (El País, 2021), el Uruguay busca revertir la dolarización existente en sus canales de circulación monetaria y esta propuesta está siendo impulsada por Diego Labat, presidente del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, como puede verificarse en (Labat & Licandro, 2021). Por supuesto, esta voz no es la única que impulsa esta propuesta y como se verá más adelante, existen diversas voces alineadas académicas y políticas en la misma dirección.
Labat y Licandro (L&L) argumentan que tener una moneda de calidad promueve el crecimiento, promueve la estabilidad financiera, hace que los ciclos sean menos pronunciados y puede amortiguar los efectos negativos de la inflación sobre la desigualdad de ingresos. Esto lo argumentan desde la lógica de los marcos teóricos neoclásicos con los que fueron formados en la educación superior y para ello citan amplia variedad de literatura perteneciente a esa tradición, específicamente a (Barro, 1995), Sarel (1995) para fundamentar que la inflación elevada perjudica el crecimiento, mientras que a (Khan & Senhadji, 2001) y (Ibarra & Trupkin, 2016) para fundamentar que la inflación comienza a ser perjudicial en países como Uruguay una vez que alcanza el umbral del 8%. Así, argumentan que la alta inflación perjudica el crecimiento económico y el desarrollo del sector financiero.
Así, señala que “El canal más probable a través del cual la inflación daña el crecimiento es a través de la desaparición de los mercados financieros en moneda doméstica que surge con la inflación. Rousseau y Wachtel (2002) han demostrado que la profundidad financiera de los mercados financieros aumenta el crecimiento, pero si la inflación es alta, ese vínculo se pierde. La razón por la que el sistema financiero no contribuye al crecimiento radica en la indexación. A medida que aumenta la inflación, el desarrollo de los mercados financieros solo puede provenir del desarrollo de instrumentos financieros indexados como el dólar. Uruguay es solo un ejemplo de esta hipótesis, como lo demuestra nuestra historia.” (Labat & Licandro, 2021, págs. 3-4). Como puede verificarse, L&L están abordando el caso de un sistema económico cuya dolarización sea del tipo real, analizada en la sección II.VI. II. de la primera parte de esta investigación.
Los problemas de alta inflación en combinación con eventos macroeconómicos provenientes del exterior, en un escenario de desaparición progresiva de la moneda nacional aumenta de forma no-trivial los riesgos de una falla estructural del sistema financiero. Este tipo de eventos macroeconómicos son de usual ocurrencia en economías pequeñas con alta apertura comercial, como por ejemplo lo es el caso de la República Oriental del Uruguay. Esa configuración del sistema económico es la que volvió a la dolarización un problema de interés crucial para las autoridades monetarias del Uruguay y para sus autoridades burocráticas en general.
Así, señalan L&L que cada vez que un evento negativo golpea la economía, el valor real del dólar aumenta al tiempo que cae la actividad económica, el empleo y el ingreso real de los hogares. Si los mercados de pesos uruguayos están operativos, las empresas y los hogares en dos pueden cubrir ese riesgo con deuda en pesos. Si por el contrario prevalece la dolarización, las empresas y los hogares en dos ven que el costo del servicio de la aumenta al mismo tiempo que sus ingresos disminuyen, lo que aumenta el riesgo crediticio para el sector financiero en concepto de impago y al ser tanto este incremento en la tasa de interés como esta reducción en los ingresos de carácter general en la sociedad (por tratarse de eventos macroeconómicos provenientes del exterior que afectan a todo el sistema económico de distintas maneras), es evidente que se están estableciendo todas las bases para que, al menos a largo plazo si todo se mantiene constante, se suscite un impago generalizado de los clientes que componen la cartera bancaria de morosidad, mencionando únicamente el más grave de los posibles riesgos materializables. Como señalan los autores, el resultado de estas prácticas es bien conocido en la historia uruguaya: si ocurre este tipo de evento externo negativo, la salud del sector financiero puede ser cuestionada, y el país podría enfrentar un evento de inestabilidad financiera al entrar en un círculo vicioso entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y las del sector financiero.
Según (Labat & Licandro, 2021, pág. 4), para hacer frente a la falta de financiamiento en pesos uruguayos, las empresas reaccionan con los instrumentos a su disposición, generando ineficiencias en el proceso de producción, el proceso de comercialización y sus hojas de balance. Licandro et al. (2014) muestran que las empresas reducen el apalancamiento, aumentan la rotación de inventarios, la acumulación de insumos y aumentan su liquidez como sustitutos del uso de derivados cambiarios. Mello (2017) y Licandro y Mello (2017) muestran que la acumulación de liquidez y la facturación interna en dólares de ventas son estrategias que utilizan las empresas uruguayas para cubrir el riesgo cambiario, resultado que se confirma en Barón et al. (2017). Mello (2017) también muestra que las empresas buscan liquidez para reaccionar rápidamente ante cambios en el valor del dólar.
La dolarización de los precios hace que los ciclos reales sean más profundos, ya que las rigideces de los precios del dólar suponen una carga más pesada para el ajuste de cantidades que las rigideces de precios en moneda nacional. Cuando los precios son rígidos, un evento de demanda negativo genera más efectos sobre las cantidades que cuando los precios son flexibles. Las rigideces de los precios del dólar son peores. Cuando ocurre un evento negativo, el valor del dólar aumenta (como es el caso de Uruguay) y el precio real (el precio en pesos) del bien aumenta en lugar de mantenerse constante (como ocurriría en el caso de una rigidez en pesos) generando una caída más pronunciada en las cantidades producidas. Un claro ejemplo de esto ocurre en el sector vivienda en Uruguay, que reacciona negativamente a eventos que aumentan el valor real del dólar, a diferencia de países como Colombia y Chile que no tienen el precio de los inmuebles en dólares.
Señalan L&L que cabe señalar un último punto sobre los efectos distributivos de la política monetaria. En los países en los que se desarrolla el mercado hipotecario en moneda nacional, el aumento de la inflación reduce el valor real de la deuda hipotecaria. Si los hogares pobres son dueños de sus casas, a medida que la política monetaria se vuelve expansiva, aumenta la inflación y erosiona los salarios reales, el costo real de la deuda cae (según los neoclásicos, más que los salarios reales -caso contrario la política monetaria expansiva no tendría mayor sentido-). En el caso de Estados Unidos, ese factor hace que la desigualdad de ingresos caiga con la inflación. En Uruguay, al no existir este tipo de deuda, la desigualdad de ingresos aumenta con la inflación (Coleman et al. 2010). La pobreza y la desigualdad también aumentan con la inflación en Uruguay. Lluberas y Odriozola (2014) muestran que la inflación y la dolarización también pueden tener un efecto negativo en la distribución de la riqueza. Dado que la falta de mercados de moneda nacional (para este caso pesos uruguayos) bien desarrollados y la dolarización perjudican el crecimiento, aumentan los costos del ajuste cíclico y afectan la distribución del ingreso, vemos el desarrollo de una moneda de calidad como el principal aporte que el Banco Central puede hacer a la sociedad uruguaya.
Como señalan L&L, para comprender qué debe corregirse, se debe realizar un análisis histórico general del estado de la política monetaria en el Uruguay partiendo de un determinado momento histórico. A diferencia de países en el que se facilita al congreso o asamblea alguna ley específica que sirva de vehículo formal para dolarizar una economía, pudiendo con ello fijar ese momento histórico en términos de la fecha en que la ley monetaria en cuestión entró en vigencia, en Uruguay la dolarización no ocurrió formalmente, por lo que el momento histórico debe fijarse de forma empírica. Así, retomando a (Licandro & Mello, 2016, pág. 368), esto se suele fijar para el caso del Uruguay a partir del decenio de 1950.
La dolarización generó fragilidades financieras en el sistema económico uruguayo, las cuales quedaron evidenciadas por la crisis económica que sacudió al Uruguay en 2002. Luego de esta crisis, el Uruguay comenzó a desarrollar una estrategia para abordar la fragilidad financiera derivada de los descalces cambiarios (Licandro y Licandro 2001, 2003 y 2010). La estrategia tenía dos pilares: el primer pilar era el reconocimiento regulatorio de fallas de mercado que conducen a la dolarización, y el segundo pilar fue la recreación de los mercados de pesos para generar una alternativa viable al financiamiento en dólares.
La agenda regulatoria avanzó en varias direcciones. Para reconocer que el Banco Central no puede ofrecer servicios ilimitados de prestamista de última instancia en moneda extranjera, se creó un esquema de seguro de depósitos, con mayor cobertura en pesos que en dólares. Se reformó la regulación de liquidez, eliminando los subsidios previos a la actividad del dólar en el sector bancario y se redujeron los requisitos de encaje en pesos. Para mitigar el riesgo de tipo de cambio en el riesgo de crédito, se modificó la regulación del riesgo de crédito exigiendo como condición para acceder a las mejores calificaciones crediticias la resistencia de la hoja de balance a escenarios severos de riesgo de tipo de cambio. Se modificó la regulación del capital bancario para incorporar el riesgo de tipo de cambio. Además, se redujeron los límites de exposición al dólar para los fondos de pensiones y las compañías de seguros. En el segundo pilar hubo cambios significativos en varias vías. La flotación de la moneda eliminó el seguro de tipo de cambio implícito; la gestión de la pública comenzó a incrementar el peso de la en pesos, ayudando a desarrollar una curva de rendimiento en pesos para el mercado uruguayo; se crearon dos instrumentos de indexación para competir con el dólar: la unidad indexada (UI) y la unidad provisional (UP) indexada a la inflación y los salarios respectivamente; el Banco Central ayudó a desarrollar un mercado de futuros de tipo de cambio y la actividad de los bancos públicos se orientó hacia la actividad del peso. Estos son los principales ejemplos de una profunda reforma tanto de la política monetaria como de la regulación financiera que tuvo como objetivo reducir las vulnerabilidades financieras derivadas de la dolarización. La regulación y supervisión del sector financiero mejoraron notablemente también en otros asuntos además de los ejemplos citados anteriormente. Los cambios en los estatutos aprobados en el período permitieron una gran mejora en la dinámica de la regulación, que se mide constantemente con las mejores prácticas, señalan L&L en el lugar citado.
Señalan L&L que un tema muy controvertido en Uruguay ha sido la potencia de la política monetaria. En diversas instancias, organismos internacionales o analistas domésticos han cuestionado la capacidad de la política monetaria para manejar la inflación debido a las notorias debilidades en la transmisión monetaria generadas por la dolarización y ello a pesar que la dolarización en el Uruguay es extraoficial y no llega ni siquiera a régimen de caja de conversión.
Señalan (Labat & Licandro, 2021, pág. 14), como aspecto positivo, la amplia agenda de reforma de la política monetaria y regulatoria condujo a una gran corrección de los descalces cambiarios y una reducción de la fragilidad financiera. Como muestran los gráficos 2 y 3, los descalces cambiarios se corrigieron ampliamente en el balance de las empresas y la dolarización de la deuda pública se redujo sustancialmente, lo que redujo el descalce de las cuentas del sector público. Al mismo tiempo, las operaciones en pesos aumentaron su participación en el total de transacciones, la dolarización cayó en los balances del sector bancario (tanto en el activo como en el pasivo) y se evidencia una reducción de la dolarización de precios en algunos sectores. Como aspecto negativo, Uruguay tiene un claro déficit en el desarrollo del mercado de pesos, financiamiento de largo plazo y de riesgo. Uruguay logró eliminar la fragilidad, pero a costa de lograr un sistema financiero muy pequeño e indexado.
Sobre ello concluyen L&L en la página 15 que “En general, la evidencia sugiere que existe un círculo vicioso entre un deficiente control de la inflación y la falta de desarrollo de los mercados de pesos, que -como hemos argumentado- imponen ineficiencias claramente identificables a las empresas en su producción y manejo de sus balances.”
iii. propuesta de desdolarización en uruguay
III.I. GENERALIDADES
Lo primero que el hacedor de política pública debe preguntarse es qué requisitos debe cumplir la economía uruguaya para que un proceso de desdolarización o de reversión del reemplazamiento monetario sea exitoso a nivel del mercado de pesos uruguayo. Estos requerimientos se cristalizan, en opinión de L&L para la economía uruguaya, en un nuevo marco de política monetaria, como señalan (Labat & Licandro, 2021, págs. 16-18). Los componentes del nuevo marco de política monetaria se exponen a continuación.
III.II. CREDIBILIDAD EN LA POLÍTICA MONETARIA COMO MECANISMO PARA ALINEAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
Señalan (Labat & Licandro, 2021, pág. 16) que “El primer y más importante problema a corregir es la falta de credibilidad de la política monetaria. Para ello, conviene reformar las instituciones de política monetaria, por ejemplo, desvinculando el nombramiento de directorios del ciclo político o exigir mayor rendición de cuentas. Si bien sería deseable un cambio legal, y siempre que se garantice la coherencia entre la política fiscal y la política monetaria, existe un amplio margen para reformar la práctica de las instituciones monetarias existentes.”
La credibilidad contribuye a que los agentes económicos alineen sus expectativas y, por consiguiente, también sus acciones, a la política monetaria realizada por el banco central. Por supuesto, como se verá más adelante, un prerrequisito para que exista credibilidad es que los agentes económicos tengan claridad sobre los objetivos del banco central y para ello es necesario proporcionar la suficiente información. La transparencia ayuda entonces a los agentes a comprender cómo ve el Banco Central la economía y los efectos de la política monetaria, ayudando a orientar las expectativas económicas si se cumple el requisito más importante: que los agentes económicos (los que tienen el suficiente peso en el sistema económico como para contrarrestar de forma relevante las políticas monetarias del banco central) encuentren de alguna forma lo suficientemente beneficiosa dichas políticas para alinearse en una determinada magnitud a dichas políticas. Ello es así mientras no exista un marco jurídico e institucional que permita obligar jurídicamente a estos agentes a determinado nivel de alienación con las políticas en cuestión.
iii.iii. mayor independencia y rendición de cuentas del banco central
Señalan (Labat & Licandro, 2021, pág. 16) que “(…) es importante mejorar la independencia (…) del Banco Central en la práctica. Para hacerlo, la relación entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas debe mejorar. Un primer paso logrado durante 2020 fue separar las reuniones del CCM (Comité de Coordinación Macroeconómica) y el COPOM (Comité de Política Monetaria), reduciendo la frecuencia de las reuniones del CCM y aumentando la frecuencia de los COPOM. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas deben reunirse para coordinar varios aspectos de sus mandatos, como la estabilidad financiera, la política de y para compartir información macroeconómica, pero eso no necesita una reunión formal del CCM, que debe concentrarse en discutir la meta de largo plazo para la política monetaria y confiar la gestión de la política monetaria al Banco Central. Para mejorar la rendición de cuentas del Banco Central, los informes existentes del Banco Central al Ejecutivo y al público deben dejar en claro cómo la política ayudaría a lograr los objetivos y por qué no pudo hacerlo en el pasado.”
III.v. REDEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL BANCO CENTRAL
Señalan (Labat & Licandro, 2021, págs. 16-18) que, para mejorar la rendición de cuentas del Banco Central, los informes existentes del Banco Central al Ejecutivo y al público deben dejar en claro cómo la política ayudaría a lograr los objetivos y por qué no pudo hacerlo en el pasado.
Además, señalan que debe mejorarse el historial del Banco Central del Uruguay en materia de transparencia del Banco Central. La transparencia ayuda a los agentes a comprender cómo ve el Banco Central la economía y los efectos de la política monetaria, ayudando a orientar las expectativas económicas. Ya hemos comenzado a trabajar en esta dirección, publicando las actas de política monetaria con declaraciones prospectivas, cambiando el informe de política monetaria y mejorando la comunicación con pronosticadores profesionales y la prensa, entre otros cambios, pero queda mucho por hacer. La transparencia tiene muchos componentes en el marco de la política monetaria, no solo implica un objetivo claro y un sistema de evaluación, sino que también se debe divulgar información acerca del desempeño y las medidas a tomar en caso de fallas. Se debe divulgar información relevante para ayudar a anclar las expectativas de inflación, como es el caso de la inflación subyacente y las previsiones del Banco Central. Se han realizado varias mejoras en la comunicación de políticas: hay un comunicado de prensa para cada fecha fijada de anuncios, la comunicación se realiza mediante una declaración de una página, seguida tres días después con una publicación de las Minutas del Comité de Política Monetaria. Trimestralmente se emite un boletín de política monetaria con explicaciones y análisis más amplios, incluyendo proyecciones de crecimiento e inflación, que se acompaña de rueda de prensa y reuniones durante el año. Además de la reforma institucional, la política monetaria ha comenzado a cambiar reduciendo la meta de inflación en el largo plazo y utilizando la tasa de interés como instrumento. La meta de inflación a largo plazo debería seguir cayendo hasta niveles cercanos al 3%. Una meta en esos valores seguiría siendo elevada en comparación con las economías desarrolladas, pero, a pesar de que genera incentivos a las operaciones de arbitraje de monedas (carry trade), Uruguay necesita ese mayor espacio nominal para ajustar los grandes eventos que afectan la economía.
La implementación de políticas y las operaciones del mercado deben estar en consonancia con los aspectos anteriores. En el caso de Uruguay, el nuevo marco monetario establece una tasa meta para el IPC total dentro de un rango; de acuerdo a esto, la implementación de la política tiene como tasa de política clave, la tasa de interés a un día en el mercado monetario con facilidades permanentes y remuneración del exceso de reservas en línea con la tasa de interés. Suavizar la volatilidad en los mercados financieros de corto plazo (incluido el mercado de tipos de cambio), como es práctica común en todos los bancos centrales, también es muy importante en la conducción de la política monetaria, y se llevará a cabo siempre que no se oponga con los principales objetivos de la política monetaria, ni dañe la comunicación de la política monetaria.
III.VI. LA PROPUESTA DE DESDOLARIZACIÓN
Señalan (Labat & Licandro, 2021, pág. 16) que “En primer lugar, el equilibrio de objetivos debe interpretarse a la luz de la discusión que hemos realizado al comienzo de este ensayo. Dado que la inflación que contribuye al crecimiento y al empleo es baja y estable, el Banco Central en tiempos normales debe asegurar un nivel de inflación consistente con el desarrollo de los mercados de pesos en el largo plazo. Por supuesto, habrá momentos como el presente en los que emergencias claras requerirán que el Banco Central tome medidas audaces para apoyar la economía, pero en tiempos normales solo debería permitírsele hacerlo en la medida en que las expectativas de inflación estén ancladas en la meta de largo plazo.”
Señalan (Labat & Licandro, 2021, págs. 18-19) que a medida la inflación converge hacia su meta más baja de largo plazo, es posible desarrollar un conjunto de medidas tanto a nivel micro como macro que ayudarían a reducir la dolarización y mejorar los mercados de pesos en un programa de desdolarización. La iniciativa de desdolarización tiene cuatro vías principales:
Reformas micro en el sistema financiero
Cambios en la política de en miento
El manejo de la dolarización de precios, en particular el precio de los bienes duraderos.
El estudio y manejo de las causas de la dolarización a un nivel más granular.
El sistema financiero, como se expuesto anteriormente, ya pasó por una profunda reforma en los últimos años. A pesar de ese cambio, señalan L&L que los depósitos en moneda nacional siguen siendo pequeños, los diferenciales del peso siguen siendo grandes y el acceso a los productos en pesos sigue siendo un tema pendiente. Parte del problema radica en la dolarización de los precios que hace que la gente ahorre en dólares para comprar bienes duraderos. Otra parte del problema radica en los costos de la intermediación financiera y la microestructura del sector financiero. A pesar de eso, hay otros motivos a un nivel más granular que necesitan más estudio, señalan los autores.
Continúan señalando L&L que la política de en miento, como los cambios en la regulación del sistema financiero, ha sido una de las principales causas de los logros actuales en el desarrollo del mercado de pesos y la desdolarización, pero aún tiene una agenda pendiente. El desarrollo de instrumentos de deuda en Unidades Indexadas[4] (UI) y Unidades Provisionales[5] (UP) y el reciente impulso hacia la nominalización son solo algunas de las principales iniciativas lideradas por la Unidad de Deuda en la búsqueda de la desdolarización. En este frente, el Banco Central del Uruguay y la Unidad de Deuda están trabajando en una nueva forma de coordinar la emisión de deuda para mejorar la profundidad de los mercados de pesos. Aumentar el acceso de los no residentes a los instrumentos en pesos a través de Euroclear, limitando la participación del BCU a vencimientos más cortos, son dos elementos que se están desarrollando y que ayudarán en esta agenda.
La desdolarización de precios es un elemento nuevo en la agenda de desdolarización que apunta al papel del peso como numerario de la economía. Como muestra la evidencia, la dolarización de precios retrocede a medida que disminuye la inflación. La evidencia, como en el caso de Perú, muestra adicionalmente que reformar la regulación de defensa del consumidor también puede ser una forma de reducir la dolarización de precios. Sin embargo, dado que el progreso en esta área ha sido lento, existe la necesidad de entender por qué y convencer a los agentes de la necesidad de volver a fijar los precios en pesos. Como el numerario es un equilibrio de coordinación, para volver a la fijación de precios en pesos es necesario convencer y coordinar. Convencer a los agentes de las externalidades que plantea la dolarización sobre el crecimiento, el ciclo económico, la estabilidad financiera y los problemas distributivos. Coordinar con las partes interesadas para comprender qué necesitamos reformar para cambiar el comportamiento existente.
Así, exponen (Labat & Licandro, 2021, pág. 19) que “Una de las principales líneas de acción de esta iniciativa de desdolarización es liderar un diálogo con las partes interesadas del sistema financiero, instituciones públicas, empresas, etc. Este proceso nos permitirá comprender en profundidad la mecánica de la dolarización y nos ayudará a convencer y coordinar el retorno del peso como numerario dominante de la economía. Esperamos que este proceso aclare qué regulaciones, prácticas y leyes deben cambiar y luego utilice todo el poder de la comunicación pública para ayudar a acelerar la desdolarización.” Esto último con la finalidad de alinear el comportamiento de los agentes económicos a la política monetaria del banco central, siempre que se cumplan las condiciones anteriormente expuestas.
Finalmente, señalan L&L que en definitiva es necesario reafirmar la idea de que la falta de mercados en pesos adecuados causados por la inflación crónica e institucionalizados en las prácticas económicas del gobierno, la cultura, las empresas y el sistema financiero generan grandes externalidades que necesitan acciones de política para ser corregidas, lo que evidentemente hace alusión a la dolarización cultural antes expuesta de forma teórica.
Alegre, P. (Diciembre de 2008). Democracia y Reformas: Un Caso de Gradualismo Perverso. Revista Uruguaya de Ciencia Política, XVII(1), 137-158. Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v17n1/v17n1a06.pdf
Labat, D., & Licandro, G. (2021). Hacia una moneda de calidad. Montevideo: Banco Central de la República Oriental del Uruguay.
Licandro, G., & Mello, M. (Noviembre de 2016). Dolarización cultural y financiera de los hogares uruguayos. Centro de Estudios Monetarios Centroamericanos, 365-404. Obtenido de Centro de Estudios Monetarios Centroamericanos: https://www.cemla.org/PDF/ic/ic-2016/ic-2016-11.pdf
[1] A corto plazo, a largo plazo, a precios actuales, como porcentaje del ingreso nacional bruto, etc.
[2] Aquel régimen cambiario en que el tipo de cambio fluctúa según los vaivenes de la oferta y la demanda, pero que el gobierno interviene a través de la autoridad monetaria (banco central) cuando la cotización del par de monedas “se salga” de cierto rango.
[4] Según el (Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, 2021), es una unidad de valor que se va reajustando de acuerdo a la inflación medida por el Índice de Precios del Consumo. Esta unidad varía diariamente de modo que al cierre de mes acumula una variación con respecto al valor de la UI del mes anterior.
[5] Según el (Instituto Nacional de Estadística, 2021), es una unidad de valor que varía diariamente, de modo que al cierre del mes acumula la variación mensual del Índice Medio de Salarios Nominal último publicado.
