Los bancos centrales, en su abrumadora generalidad, históricamente han propiciado una economía de «mercado»; lo han hecho, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo hasta el último de sus días de existencia institucional. La moderación, es decir, el establecimiento de límites prudenciales a la siempre insaciable sed de ganancia de los capitales, viene de la mano con el hecho de no propiciar rentas explícitas derivadas de políticas específicas, puesto que precisamente lo contrario viola la libertad de mercado que desde el pensamiento político de derechas se dice defender.

La tesis que rige al banco es que esta institución no tiene por qué ayudarle a un grupo específico a generar ganancias en detrimento de otros —redistribuir el ingreso en detrimento de los más desfavorecidos—. El BCCR tiene claro que ninguna política es neutral por su misma definición. Lo que el BCCR no desea es ser señalado directamente por reasignar riqueza; si se dejan las cosas «al mercado», la situación parecería diferente, pues sería «el mercado» el encargado de efectuar esa reasignación.

De alguna forma, esto libera a todos los empleados del BCCR del cargo de conciencia que podría generar esta situación: «ellos no son culpables; el culpable es el mercado», y así todos pueden dormir tranquilos.

Ahora bien, en medio de todo ello, al menos el BCCR está cumpliendo la meta de inflación establecida. Sin entrar aquí en los detalles de sus posibles implicaciones para el crecimiento cuando no se cumple determinado conjunto de condiciones —o de las implicaciones prácticas de emplear marcos teóricos defectuosos en las políticas públicas—, esto permite que esa especie de impuesto silencioso y altamente regresivo del cual los capitalistas pueden protegerse mediante diversos mecanismos económico-institucionales, mientras los sectores pobres poseen muchas menos defensas, se mantenga a raya: la inflación.

La bifurcación de la política cambiaria

Con el paso del tiempo y el deterioro de la calidad de vida de la sociedad costarricense, el Banco Central se encontró frente a un camino que se bifurcaba en dos senderos.

El Banco Central de Costa Rica optó por lo segundo. Esa decisión le valió en su momento críticas y presiones del sector empresarial exportador a través de sus organizaciones político-empresariales —CADEXCO, UCCAEP, entre otras—, sin que estas reclamaciones encontraran un contrapeso manifiesto en el sector de la sociedad interesado en evitar semejante distribución del ingreso mediante la política monetaria.

No apareció, dicho de otra manera, alguna «poderosa organización que defendiera los intereses de los pobres». En Costa Rica, las organizaciones que podrían desempeñar ese papel no cuentan con la robustez ni con el peso político suficientes para constituir un contrapeso efectivo frente a las organizaciones político-empresariales antes mencionadas.

El crawling peg como impulso transitorio

La implementación del crawling peg fue idea del célebre economista costarricense Eduardo Lizano, con la intención de que fuera una medida transitoria. Lizano tenía claro que constituía una especie de «subsidio» cambiario que debería servir como impulso inicial para que la competitividad del sector exportador despegara.

Pero, como sucede con todo subsidio, los grupos de interés económico —o, como los ha llamado José Ángel Gurría, los «poderes fácticos»— trataron de mantenerlo. Y lo lograron durante 28 años.

Hasta que el Banco Central, por iniciativa de quien en aquel momento era su economista jefe, Roger Madrigal, retiró ese subsidio.

Los lamentos públicos no se hicieron esperar. Más allá de ellos, también se formularon múltiples críticas públicas al BCCR, lo cual es saludable para la democracia. Incluso hubo empresas que quebraron tras el retiro del subsidio cambiario.

Tipo de cambio, rentas e inflación por costos

La cuestión de fondo es que, sin aquel subsidio que producía inercia inflacionaria a causa del incremento de costos, determinadas empresas dejaban de ser rentables. Se trataba de un mecanismo de inflación por costos asociado al conocido pass-through, o coeficiente de traspaso del tipo de cambio a la inflación.

En otros términos, el Banco Central mantenía un tipo de cambio que propiciaba rentas para determinados grupos, pero al mismo tiempo contribuía a generar una inercia inflacionaria que recaía de manera particularmente gravosa sobre quienes disponían de menores instrumentos para defender su ingreso real.

El crawling peg, tal como lo concibió Lizano —como un «impulso inicial»—, pareció, y quizás siga pareciendo, una buena idea. El problema surgió cuando una herramienta concebida como transitoria se convirtió en una política prácticamente permanente.

A largo plazo producía inflación inercial y, como los exportadores beneficiados querían que continuara indefinidamente, lucharon políticamente por su preservación mediante presiones institucionales canalizadas a través de las organizaciones ya mencionadas. El resultado fue la perpetuación del subsidio durante décadas, hasta que finalmente se retiró al decidirse la adopción del régimen de metas de inflación.

Competitividad sin subsidio cambiario

Evidentemente, duele perder ganancias fáciles obtenidas sin realizar un esfuerzo equivalente para incrementar la competitividad. La respuesta puede adoptar la forma de cierres, despidos y acusaciones según las cuales esas consecuencias serían culpa de las políticas del BCCR.

Sin embargo, el Banco Central no es enemigo de los exportadores. Lo que no debería hacer es subsidiar indefinidamente la falta de competitividad, y mucho menos reasignar riqueza desde los sectores de menores ingresos hacia los exportadores para hacerlos aparecer artificialmente más competitivos.

José Ángel Gurría, quien durante quince años fue secretario general de la OCDE, sostuvo en reiteradas ocasiones que, en esencia, los problemas de competitividad no podían atribuirse simplemente a la política cambiaria, sino también a la falta de competencia: protección a determinados productores, monopolios en productos de exportación y otras estructuras que disminuyen la capacidad competitiva de los productores locales.

Por supuesto, esto no significa que ciertas ventajas cambiarias no puedan ser útiles como impulso inicial cuando se emplean con moderación, prudencia y un horizonte temporal claramente delimitado, precisamente como se planteó originalmente.

Metas de inflación y distribución del ingreso

Mediante el régimen de metas de inflación, el Banco Central ha pasado a jugar un papel más pasivo en la distribución del ingreso. Pasivo, por supuesto, no significa irrelevante.

La política monetaria continúa teniendo consecuencias distributivas, macroeconómicas y reales. El problema consiste en determinar bajo qué condiciones el objetivo de estabilidad de precios puede coexistir con el crecimiento económico y bajo cuáles, por el contrario, el propio diseño del régimen monetario puede imponer restricciones adicionales sobre ese crecimiento.

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